Las cifras sobre la pandemia del Covid-19 en Nuevo Laredo son
escalofriantes por el crecimieto exponecial de casos, en la última semana.
Da miedo.
Eso a pesar de que autoridades estatales y municipales así como del Sector
Salud implantaron una serie de medidas preventivas si no para frenar cuando
menos controlar los contagios.
El más impactante, históricamente hablando, fue el cierre total, el sábado y
domingo, de centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia y el
transporte publico urbano.
¡Ah!, también el retorno de cientos de paisanos y estadounidenses que
pretendían festejar el Día de la Independencia de EU en territorio mexicano, como
era costumbre.
Algo histórico e inédito.
El alcalde Enrique Rivas Cuellar dice que las medidas restrictivas son como
la medicina, amarga pero necesaria para curar la enfermedad.
Y es que estamos hablando de 828 contagiados positivos.
El doctor Oscar González Arrambide, Jefe de la Jurisdicción 5 de la
Secretaría de Salud de Tamaulipas asegura que los hospitales públicos y privados
se encuengtran a un 50 por ciento de sus capacidad, es decir, no se han saturado
ni a punto de colapsarse.
Ojalá y no lleguermos a ese extremo.
EGIDIO TORRE.- Resulta que varios tamaulipecos, ex funcionarios
estatales, es decir, del equipo del ingeniero Egidio Torre Cantú, forman parte de
empredas Factureras que operaron en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016,
ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones
de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100
investigadas al momento.
El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de
Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.
El trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno
de Tamaulipas (UIFE), organismo estatal puesto en marcha por el gobernador,
Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes
que han derivado en 15 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero,
informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 24 órdenes
de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía
de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra
empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción
de ex funcionarios.
En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos
estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y
personas externas al ejercicio público de gobierno.
Y, aún hay más.
FEDERALISMO.- Ya que andamos por la Ciudad de las Cotorras, los dos
bloque de gobernadores (Alianzas Centro Bajío Occidente y Federalista) tuvieron
una reunión virtual en la que “machacaron” la importancia de avanzar hacia un
nuevo federalismo cooperativo y responsable, es decir, a un nuevo modelo de
descentralización articulado a partir de atribuciones, responsabilidades y deberes
claramente delimitados, que permita el fortalecimiento de las capacidades locales y
que multiplique los esfuerzos institucionales para detonar el desarrollo sustentable
con un enfoque regional.
En ese talante están los gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente
y la Alianza Federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y
Tamaulipas).
Los gobernadores hicieron hincapié en que la condición necesaria para
renovar el federalismo mexicano es un nuevo Pacto Fiscal, más justo, equitativo y,
sobre todo, sensible a las particularidades de cada polo regional según sus
vocaciones de crecimiento y competitividad.
En ese sentido, los dos bloques de gobernadores acordaron formar una mesa
de trabajo encargada de impulsar un nuevo federalismo y, en particular, elaborar un
planteamiento formal al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito, para revisar los términos y las condiciones de los instrumentos jurídicos de
adhesión y coordinación en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, en el
entendido de que, conforme a la Constitución de la República, el Pacto Fiscal es un
acuerdo de voluntades entre la Federación y las soberanías estatales que debe
evolucionar en el tiempo según las circunstancias y desafíos del país, sin perjuicio
de convenir cambios estructurales que fortalezcan a las haciendas públicas y
mejoren la calidad del gasto público nacional.
…Y PUNTO.
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