Ciudad de México (6 de noviembre de 2026).- La Auditoría Superior de la Federación exhibió una indagatoria de oficio contra una red de empresas vinculadas a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores del Instituto Nacional Electoral. Fuentes cercanas a la investigación reportaron irregularidades por 514 millones de pesos, entre ellas contratos simulados, operaciones con factureras y triangulación de recursos.
La ASF identificó al menos siete empresas del conglomerado que obtuvieron contratos en el INE y en Organismos Públicos Locales Electorales de 13 estados. Una de ellas, Comercializadora JVLY, concentró operaciones cuestionadas. La investigación abarca desde 2014 y se suma a pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El caso se relacionó con Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del INE tras señalamientos de conflicto de interés. La ASF informó que cuenta con indicios de colusiones y posibles vínculos entre servidores públicos y las empresas. Ya se enviaron oficios a gobernadores para reconstruir el gasto de los OPLE. Las primeras denuncias penales se anticipan para febrero.
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