México presume cifras crecientes en el combate al lavado de dinero, pero las condenas no acompañan el discurso. En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió más de diez millones de avisos y presentó 150 denuncias contra 1,329 personas. Sin embargo, entre 2006 y 2026 la Fiscalía General de la República abrió 8,145 carpetas por este delito y obtuvo apenas 17 sentencias condenatorias firmes: el 0.2 %. Y la mayoría de los sentenciados no son operadores financieros, sino personas detenidas por transportar dinero en efectivo oculto en maletas, compartimentos o tráileres.
Parte del problema está en lo que contamos como “lavado”. Un caso resuelto en 2019 por el Tribunal Federal de Apelación de Tamaulipas (Toca Penal 115/2018-III) lo ilustra bien. Un socio de una conocida casa de cambio en Matamoros tomó sin autorización 2.5 millones de pesos de las cajas fuertes de su propia empresa y fue detenido sobre la carretera cuando los llevaba a Ciudad Victoria. La fiscalía lo acusó de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el juez lo condenó. En apelación, el Tribunal lo absolvió de ese delito: el dinero provenía de la operación legítima del negocio, y el artículo 400 Bis castiga el origen ilícito de los recursos, no la forma ilegal en que alguien dispone de ellos. Si hubo delito, quizá fue un robo, que nunca se acusó.
El error de aquel juez es el mismo que contamina la estadística. Cuando el Ministerio Público etiqueta como lavado cualquier traslado de efectivo sospechoso, sin investigar el delito previo que generó el dinero, abre carpetas que inflan los números, pero difícilmente sobreviven a un juicio. Y cuando alguna prospera, castiga a quien carga los billetes, no a quien diseña el esquema. El indicador de “investigaciones por lavado” termina midiendo la desconfianza hacia el efectivo, no la persecución de las redes que blanquean capitales.
El costo es doble. Los casos mal clasificados acaban en absoluciones que alimentan la percepción de impunidad, y los recursos de investigación se dispersan en asuntos que no son lavado, irónicamente, cuando es un delito cuya persecución permite recuperar activos.
Mejorar las cifras no exige más denuncias, sino mejores. Las fiscalías deberían reportar por separado las carpetas en las que se identificó un delito precedente y medir su éxito por sentencias firmes y bienes decomisados, no por expedientes abiertos. Mientras el lavado siga siendo una etiqueta cómoda para cualquier dinero sospechoso, seguiremos contando muchas investigaciones y muy pocas condenas.
Volvamos, entonces, a la pregunta inicial: traer dinero en efectivo, por sí mismo, no es lavado de dinero. Ninguna ley fija un monto máximo para trasladar efectivo dentro del país, y el delito no cambia de naturaleza al cambiar de fuero: tanto el artículo 400 Bis federal como los tipos que prevén los códigos penales de los estados exigen que los recursos provengan de una actividad ilícita y que quien los lleva lo sepa. Esa procedencia debe sustentarse en indicios sólidos del delito previo, no suponerse en un retén porque alguien no supo explicar de inmediato cuánto lleva y para qué. Perseguir en serio el lavado exige seguir el rastro de los billetes hasta su origen, no detenerse en la maleta.
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