Los hechos en escándalo del INE

En los grandes escándalos de corrupción, son más reveladores los hechos que los dichos.

Y en el proceso obligado de las investigaciones, una vez que afloró el desorden financiero, es importante escudriñar en donde están los datos duros y oficiales.

De tal forma que es relevante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control del INE Víctor Hugo Carvente Contreras, ante las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Transparencia y Anticorrupción.

Por considerar de gran valor para la investigación en curso, lo ocurrido en esa reunión, comparto la parte medular del comunicado oficial de la Cámara de Diputados, porque aporta muchos datos específicos que desvelan el tamaño de las anomalías y el desfalco a ese instituto.

Le advierto que es un documento amplio, pero interesante y debe conocerse de manera precisa, porque desenmascara los atropellos a la pulcritud en la administración de los recursos públicos en el INE.

Integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción se reunieron con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, quien informó que los “expedientes relacionados con estos hechos noticiosos” son alrededor de 18, de los cuales 13 se encuentran en investigación y cinco ya están en procedimiento de responsabilidades, por lo que dejó el citatorio para su audiencia inicial; es decir, “formalmente ya se realizó la imputación al servidor público”.

Carvente Contreras explicó que de los contratos del INE que ahorita se encuentran mediáticos solamente representan el cuatro por ciento; es decir, hay 96 por ciento de contratos que necesitan también ser fiscalizados. “Nosotros no únicamente auditamos lo que tiene que ver con contratos mediáticos o con contratos de materia electoral, tratamos de fiscalizar todas las otras adquisiciones”.

Precisó que, de los 13 expedientes sin investigación, se tiene un expediente maestro, el cual origina, a su vez, otros cuatro expedientes en donde en los primeros tres se identifica actuación bajo conflicto de interés, y en el cuarto ocultamiento de conflicto de interés. Cada uno de estos expedientes está personalizado, es decir responde a una persona.

De esos tres expedientes, agregó, “ocho responden a expedientes derivados de nuestra área de Auditoría; es decir, estos hechos noticiosos también ya los teníamos identificados en el área de Auditoría y conformaron el informe de presuntos hechos irregulares para que se convirtieran en una investigación”.

Aclaró que el OIC tiene límites y únicamente investiga, sustancia y resuelve las faltas no graves. Las faltas graves corresponde determinarlas e imponer su sanción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. “Nosotros lo que hacemos es un emplazamiento, el citatorio de audiencia inicial y después se remite el expediente al Tribunal”, el cual asume competencia, en su caso, admite y desahoga pruebas, tiene un periodo de alegatos y, posteriormente, emite la resolución. Y “cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa”.

Añadió que estos expedientes no solamente se refieren a material electoral, también existen en otras aristas de la contratación pública; “hay un universo de contratación pública y existe todo un segmento que corresponde a material electoral. De estas se han generado 25 vistas al área de Investigaciones”.

Detalló que los tipos administrativos que se han identificado son: ocultamiento y/o actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos públicos, simulación de cumplimiento de requisitos en las contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la hacienda pública y faltas de particulares.

Tuvieron importantes participaciones los diputados Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), titulares de las comisiones arriba citadas, así como legisladores de todas las fracciones parlamentarias que las conforman, fijando posiciones de reprobación a los hechos de exigencia de investigación a fondo y castigo a los resultados de las indagatorias y denuncias formales, así como la mejora de controles internos para evitar nuevos hechos.

Ante esas exigencias, Carvente Contreras aseveró que existen límites del debido proceso

El titular del OIC del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, precisó que existen límites del debido proceso y “no puedo revelar acerca de la identidad de las personas involucradas”, así como el número y el contenido del expediente, tampoco señalar cuáles son las pruebas, datos personales y resultados que no son definitivos, porque todavía tienen que madurar a resultados definitivos y “los hallazgos que vamos a presentar aquí vamos a situarlos como casos hipotéticos, no como casos definitivos”.

Comentó que los criterios para identificar los contratos que pueden suponer un foco rojo son: compras relacionadas con materia electoral, los contratos cuyas licitaciones públicas fueron declaradas desiertas, adjudicaciones directas en forma reiterada a los mismos proveedores, montos de contratos elevados en relación con el objeto y el mercado; cuando se detecta una participación conjunta o recurrente entre las mismas empresas, cuando existen contrataciones que no se encuentran consideradas en el programa anual de adquisiciones del instituto; contrataciones formalizadas en el último trimestre del ejercicio fiscal, y periodos de ejecución muy acotados.

Informó que ya se ha tenido un resultado medible y ya se sancionó a la empresa Bell-Krom, S.A. de C.V. con una inhabilitación y una sanción económica. Tenía la obligación contractual de entregar 25 mil 302 chalecos y únicamente entregó en tiempo siete mil 267 y quedaron pendientes 18 mil 35 chalecos; es decir, no cumplió con los límites contractuales.

Precisó que ya fiscalizaron a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C. V., proveedora de material electoral “que justamente es una de las empresas que ahorita se encuentra también en el tono mediático”. El objeto del contrato de esta empresa eran servicios integrales para el sistema del voto electrónico por internet para los mexicanos y las mexicanas residentes en el extranjero y el primer foco rojo que se detectó es que históricamente se ha dedicado al suministro de material electoral. “¿Por qué ahora se dedica a un servicio integral electrónico? No tendría sentido”.

Otro foco rojo, continuó, es que cuando existe una participación conjunta es un indicio para determinar que una sola empresa cuenta con la solvencia técnica o la capacidad técnica operativa para satisfacer el contrato, el cual fue de 48 millones 569 mil 782 pesos. Los hallazgos de esta auditoría fueron inconsistencias en la declaración fiscal, se confirmó que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales presentada previo a la formalización del contrato también pertenece a otra empresa. No se verificó antes de contratar y se detectaron inconsistencias en la opinión de seguridad social.

Carvente Contreras dijo que un contrato mediático que se ha señalado en diferentes medios es el INE 007-2025, y cuyo objetivo fue la adquisición de urnas electorales genéricas y mamparas especiales para el proceso electoral extraordinario con un monto mínimo de 165 millones y máximo de 198 millones. Los proveedores que concursaron “históricamente han dominado todo el mercado del material electoral. Lo van a encontrar en el Instituto Nacional Electoral y lo van a encontrar en cualquier OPLE”.

Agregó que los hallazgos en este contrato son que fue una adjudicación directa de 26 millones más arriba que la propuesta de Talleres Gráficos de México, lo que quiere decir que “se instrumentó toda una práctica para inflar la mediana de los precios en la investigación de mercado y que resultara ganadora la empresa indicada”. También se detectó que esta empresa no tiene capacidad técnica, económica y operativa acreditada suficientemente; cambió su objeto social, tres días antes, y hubo deficiencias en la investigación de mercado y cambios en las condiciones de contratación.

Otro hallazgo fundamental, señaló, fue que esta empresa se atrasó en el cumplimiento de su contrato y tuvo atrasos en la entrega de las urnas y de todo el material electoral. “Eso le correspondía que se le aplicara una pena convencional de conformidad al contrato.

Nosotros estimamos que esa pena convencional asciende relativamente a 40 y tantos millones” y el Instituto determinó que esa pena convencional solamente iba a ser por 26 mil pesos”.

El contralor enfatizó que esto nada más se refiere a contratos mediáticos o que tienen que ver con material electoral. “También tenemos hallazgos derivados de estas auditorías” y se detectaron tres contrataciones con vínculos entre proveedores terceros y un servidor público; es decir, “se realizó una adjudicación directa a la contratación de asesorías y estudios e investigaciones por un monto de tres millones 532 mil pesos correspondientes a tres unidades administrativas”.

Además, se detectaron indicios de vínculos relevantes entre proveedores y personas servidoras públicas, así como una posible actuación bajo conflicto de interés y una omisión en la revelación de sus intereses. Asimismo, relaciones entre oferentes y terceros. Se tienen indicios de transmisión de obligaciones contractuales a terceros.

Enfatizó que no solamente se está auditando a la administración de la exconsejera presidenta, también a la anterior y se realizó una auditoría DAA 02, 2025. El contrato fue de 372 millones 695 mil pesos y se adjudicó en 2021 y 25 millones 787 mil son los pagos indebidos que deben ser reintegrados. Este contrato fue de la renovación de la herramienta tecnológica y software de digitalización y detección del sistema integral de verificación y monitoreo y el patrón de las anomalías fue que el licenciamiento del software vendido no corresponde con el registrado; son licencias perpetuas que naturalmente no necesitan mantenimiento y se detectó 677 reportes sin atender y penalizar.

Indicó que de acuerdo con un estudio preliminar llevado a cabo desde 2021 hasta 2025 sobre contrataciones electorales en OPLES, “pareciera y mediáticamente que todos los focos apuntan al Instituto Nacional Electoral y sí, evidentemente se está cruzando una coyuntura, una crisis”, pero este asunto de las empresas “no únicamente atañe al Instituto, atañe a todos los OPLES; es un problema histórico y es un problema estructural”.

Expuso que se ha detectado que al menos, desde 2014 hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios, han simulado competencia y recibieron contratos alrededor por dos mil 461 millones de pesos, derivado de ventas de material electoral en organismos autónomos electorales. La concentración del mercado ha sido del 77 por ciento por parte de estas cinco empresas: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, y esta última fue de las principales proveedoras de la anterior administración del INE.

Reveló que estas empresas han tenido contratos históricamente. Cajas Graf desde 2014; Corporativo Zeg, 2016; Formas Finas, 2017; y Seriplas desde 2016. Los montos totales por cada una de las empresas y de sus contratos suma dos mil 461 millones 75 mil pesos. Además, al menos 20 OPLES han tenido contratos con Cajas Graf, 10 con Corporativo Zeg, tres con Comercializadora JVLY; Formas Finas y Materiales con al menos 10 OPLES; y Seriplast al menos con un OPLE.

Hizo notar que todos los apoderados o representantes legales se comparten en estas empresas. “José Alfredo Hernández Casillas aparece en Cajas Graf, pero también aparece en Seriplast”. Es decir, “estamos ante un escenario de colusión o, bueno, de simulación en el que existen empresas únicas, pero en realidad están diseminadas en este grupo de cinco empresas”.

Aseguró que “esto no es un asunto de este momento, viene de muchos años atrás. En 2015 el INE formalizó contratos con Seriplast; en 2011 y 2016 con Formas Finas y Materiales; en 2019 con Cajas Graf. Y Plásticos y Metales MYC desde 2003 ha obtenido contratos por un monto acumulado de 150 millones de pesos y “casualmente participa con la empresa que nosotros ya fiscalizamos, con JVLY; o sea, es una relación de muchos años atrás”.

Especificó que los contratos no se pueden adjudicar de una manera espontánea, tiene que haber toda una maquinaria que opere ese andamiaje de colusión. El patrón de estas empresas es que al menos Cajas Graf y Formas Finas participan de manera conjunta en 24 procedimientos; Cajas Graf, Formas Finas y Corporativa Zeg en 15 procedimientos; Graf y Zeg en ocho; Formas y Zec en dos, y “así es como se van repartiendo el mercado, con una competencia simulada o artificial”.

Puntualizó que estas empresas fijan los precios porque actúan como oligopolios y los riesgos de esta concentración del mercado son que existe una colusión en licitaciones, genera sobreprecios, restringe la competencia efectiva, inhibe la innovación, reduce incentivos, simulan competencias, alzan artificialmente los precios, pero, sobre todo, “hay un debilitamiento a los principios constitucionales de economía, eficiencia, competencias horarias que rigen las compras públicas”.

Estimó que lo que se tendría que hacer para atender este fenómeno, tanto de concentración económica como de probable corrupción, es emprender una política nacional de regulación en contratación electoral y también una estrategia nacional de fiscalización en materia electoral.

Asimismo, impulsar desde el Consejo General del INE un padrón de integridad empresarial porque “no podemos el Órgano Interno de Control estar fiscalizando recurrentemente los mismo si no se ataca el problema de origen”. Porque si no, no va a haber OIC que pueda abatir todos los frentes. Debe haber un cambio estructural en la forma en la que se conduce administrativamente el INE”.

Recalcó que el OIC quiso resaltar la dimensión del problema, la cual no únicamente le atañe, sino también les atañe a los órganos internos de control de los OPLES, a las auditorías superiores estatales y, en su caso, también a la Auditoría Superior de la Federación, quien tiene la facultad para iniciar investigaciones y también para fiscalizar todas las participaciones debidas del Ramo 28”. Es decir, señaló, “esta estratégica de fiscalización que debemos de reunir involucra a muchas autoridades, “

Insisto, más reveladores que los dichos o interpretaciones en este escándalo de corrupción en uno de los órganos autónomos que gozaba de buena reputación y confianza para la organización de los procesos electorales, son los hechos.

Y la versión del órgano Interno de Control del INE a través de su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, es fundamental para la investigación y los procesos sucesivos.

Resalto, que es importantísimo desmantelar toda la red de corrupción que permeó al INE en busca un castigo ejemplar y el compromiso de blindarlo para que recupere la credibilidad que requiere el árbitro central de las elecciones en México.

Desgraciadamente, esta red de corrupción permeó a cerca d 20 OPLES, es decir, los Institutos Electorales Estatales, entre ellos el de Tamaulipas. Espero que localmente salgamos lo mejor librados posibles y no impacte en el arbitraje del proceso local 2026-2027.