La noche del 28 de octubre, Jorge “F” salió del penal de Ciudad Victoria tras casi nueve años preso por el feminicidio de su esposa, la española María del Pilar Garrido Santamans. Al día siguiente circuló la versión más breve y la más equivocada: que un tribunal federal lo dejó libre.
El tribunal federal no absolvió a nadie, y lo resuelto el 28 de octubre todavía no es definitivo.
En esta columna, el 14 de septiembre, adelanté lo que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito resolvió en el amparo directo 497/2024. Se encontraron dos fallas en la condena de la Sala estatal, y conviene enunciarlas por separado.
La primera: se invirtió la carga de la prueba. El tribunal estatal condenó a Jorge “F” apoyándose, en primer lugar, en que no se comprobó su versión de que a su esposa se la habían llevado unos desconocidos. De ahí, el tribunal dedujo que él la mató. Acertadamente, el tribunal federal determinó que el hecho de que no se sostenga lo que dice el acusado no vuelve, en automático, cierto lo que dice la Fiscalía. Probar es tarea del Ministerio Público, no del acusado.
La segunda: se usó una declaración que la ley prohíbe usar. Jorge “F” dio esa versión del secuestro antes del juicio; en el juicio oral, decidió no declarar. El Código Nacional de Procedimientos Penales es terminante: cuando el acusado calla en juicio, lo que haya dicho antes no puede incorporarse como prueba ni utilizarse bajo ningún concepto. Sobre ese material prohibido se construyó la condena.
Ninguna de las dos fallas tiene que ver con si Jorge “F” mató o no a su esposa. Son errores del método, no del resultado. Por eso el tribunal federal no se pronunció sobre la culpabilidad, y no podía hacerlo. En la sesión pública, el magistrado ponente, Daniel Ricardo Flores López, uno de los más experimentados que tiene Tamaulipas, fue claro:
“Quiero ser muy enfático en decir que es una sentencia en donde no se está analizando si esta persona es culpable o no.”
Si el tribunal federal hubiera resuelto él mismo sobre la responsabilidad, habría cometido el mismo exceso que estaba corrigiendo. Por eso ordenó dejar sin efecto la condena, mantener lo que no estuvo en discusión y volver a analizar las pruebas, esta vez en el orden correcto. El fallo fue unánime, con voto concurrente del ponente.
Lo que casi nadie ha contado es que, al fijar los efectos, la sentencia de amparo dejó previstos los dos desenlaces. Si las pruebas de la Fiscalía alcanzaban, debían contrastarse con las de la defensa, y solo si resistían ese contraste podía sostenerse la condena. Para el caso contrario, lo dijo con todas sus letras:
“…la consecuencia sería la absolución, sin exigir la demostración de la hipótesis defensiva.”
La absolución, efectivamente, no salió de la nada: el propio tribunal federal la dejó escrita como una de las dos salidas posibles. Sin embargo, el 28 de octubre, los magistrados estatales optaron por ella.
Dicho sin rodeos: dejó en libertad a una persona cuya culpabilidad el amparo nunca descartó, no porque se probara su inocencia, sino porque no se probó su culpa. Al tribunal federal le tomó ciento veintiocho páginas y un año de estudio explicar por qué la condena estaba mal construida; a la Sala le bastaron tres días para cerrar el caso en sentido contrario. La familia de Pilar Garrido tiene derecho a saber por qué, esta vez, la prueba no alcanzó.
Además, lo resuelto el 28 de octubre todavía puede impugnarse, tanto por la representación de la víctima como por el Ministerio Público. Quien hoy hable de punto final se está adelantando al expediente.
Nueve años después, la familia de Pilar Garrido no tiene un culpable firme, ni verdad judicial, ni reparación. Y si la absolución se confirma, alguien tendrá que responder por casi nueve años de prisión sin una condena válida. ¿Quién? No los magistrados que la firmaron, que ya se fueron. El tribunal estatal extendió un cheque que está esperando ser cobrado, y el fondo del que saldrá es el de los tamaulipecos. A la familia, mientras tanto, se le debe justicia.
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