Ciudad Victoria, Tamaulipas (29 de octubre de 2026).— La Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas dictó una sentencia absolutoria y ordenó la libertad inmediata de un hombre acusado del feminicidio de su esposa, una mujer de nacionalidad española, al concluir que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes para acreditar su responsabilidad penal.
La resolución, emitida el 28 de octubre en el toca penal TO/0024/2019, se dictó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo del 11 de septiembre del 2026. Un Tribunal Colegiado de Circuito ordenó revisar la sentencia condenatoria y valorar las pruebas conforme a parámetros específicos, con respeto al principio de presunción de inocencia.
“En un análisis ya integral de las pruebas aportadas por la Fiscalía, se determina que no existen pruebas suficientes para sostener la condena por feminicidio que en su momento se dictó”, declaró la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López.
El caso se refiere al feminicidio de una ciudadana española ocurrido en la carretera Victoria Soto la Marina en 2017. En enero del 2019, el acusado fue condenado a 47 años de prisión y permaneció recluido poco más de nueve años. La defensa promovió diversos recursos, que derivaron en la revisión ordenada por el tribunal federal.
Contreras López señaló que la libertad se ordenó como consecuencia de la sentencia absolutoria y aclaró que la resolución todavía puede ser recurrida. Por esa razón, dijo, la información que puede compartir el Poder Judicial sobre el caso es limitada.
La magistrada afirmó que la decisión no desconoce a la víctima ni a sus familiares, pero sostuvo que los tribunales deben resolver con base en las constancias del expediente. “No podemos sostener aquellos asuntos donde no hay suficiente evidencia como para sancionar o para determinar la responsabilidad de una persona”, expresó.
Añadió que el Poder Judicial mantiene su compromiso con los derechos de las víctimas y con evitar la impunidad, al tiempo que debe respetar las pruebas y la ley. Sobre la posibilidad de que el caso derive en nuevas imputaciones, indicó que corresponde a la Fiscalía determinar si cuenta con evidencia para ello.
Consultada sobre una eventual demanda contra el Estado mexicano, Contreras López señaló que las personas acusadas de un delito que no cometieron tienen derecho a reclamar. Agregó que la responsabilidad podría alcanzar tanto al Estado como a quienes hubieran actuado indebidamente, si así se determina.
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