Los incidentes se registraron el jueves 22 de octubre en dos centros penitenciarios: la cárcel de El Inca, en Quito, y el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, ubicado en la provincia del mismo nombre.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), organismo encargado de la administración penitenciaria, confirmó que cuatro reclusos murieron en cada uno de los centros. Además, reportó 10 personas heridas, quienes recibían atención médica. La institución no precisó si entre los lesionados había personal penitenciario.
En Cotopaxi, reportes difundidos por medios ecuatorianos señalaron que algunas de las víctimas presentaban heridas de bala, mientras que otra habría fallecido por estrangulamiento. Las circunstancias de cada muerte y la secuencia de los hechos continúan sujetas a las investigaciones correspondientes.
La violencia provocó preocupación entre los familiares de los internos. En las inmediaciones de la prisión de El Inca, al norte de Quito, varias personas se congregaron para solicitar información sobre la situación de sus seres queridos, mientras ambulancias permanecían en el acceso al centro penitenciario.
Autoridades identifican a presuntos responsables en medio de la crisis carcelaria
Tras los incidentes, el SNAI informó que los presuntos responsables habían sido identificados y que serían trasladados a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, construida como parte de la estrategia del Gobierno ecuatoriano para reforzar el control sobre personas consideradas de alta peligrosidad.
La institución señaló que el Bloque de Seguridad mantenía activos los protocolos y las operaciones en los centros afectados para recuperar y mantener el orden. Sin embargo, las autoridades no habían detallado públicamente las causas de los enfrentamientos ni confirmado de manera concluyente qué grupos estuvieron involucrados.
Los hechos se producen en medio de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador y de los esfuerzos gubernamentales por reducir la influencia de las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Desde 2021, los enfrentamientos entre bandas rivales han provocado cientos de muertes en el sistema penitenciario del país.
El mismo jueves, la excandidata presidencial Luisa González fue detenida. El ministro del Interior, John Reimberg, relacionó públicamente ambos acontecimientos, pero no presentó pruebas que demostraran una conexión entre la detención y los motines. Hasta el momento, los reportes oficiales citados no han establecido que ambos hechos formen parte de una misma operación.
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