Una coalición de fiscales generales de Estados Unidos presentó un escrito judicial para respaldar una demanda contra los arrestos de migrantes sin orden judicial realizados por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La acción legal busca que los tribunales revisen las condiciones bajo las cuales las autoridades migratorias pueden detener a personas sin contar previamente con una orden. Los fiscales sostienen que estas operaciones se realizan, en numerosos casos, sin evaluar adecuadamente si existe riesgo de fuga.
El documento fue presentado bajo la figura jurídica amicus curiae, que permite a terceros aportar argumentos e información relevante para que un tribunal los considere al resolver un litigio.
De acuerdo con los fiscales, la legislación federal permite ciertos arrestos migratorios sin orden, pero exige que los agentes tengan causa probable para creer que la persona se encuentra ilegalmente en el país y que probablemente escaparía antes de obtenerse una orden judicial.
La coalición afirma que el incumplimiento de estos requisitos puede provocar detenciones injustificadas y consecuencias para las familias y las comunidades. También cuestionó que algunos agentes realicen operativos con el rostro cubierto, vehículos sin distintivos y sin identificarse claramente.
Más de 20 estados respaldan la impugnación
La coalición está integrada por fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, además del Distrito de Columbia.
Los funcionarios argumentan que los territorios que representan albergan en conjunto a más de 30 millones de migrantes, quienes representan alrededor del 19 por ciento de la fuerza laboral estadounidense, según las cifras citadas en el escrito.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, criticó las prácticas denunciadas y sostuvo que las autoridades deben respetar las garantías legales durante la aplicación de las leyes migratorias.
El caso forma parte del debate judicial sobre los límites de las facultades de los agentes federales y las garantías que deben respetarse durante los arrestos migratorios. La presentación de los fiscales respalda la impugnación, pero no constituye por sí misma una resolución definitiva del tribunal.
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