La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz respondieron a los señalamientos del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, sobre presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo del hospital departamental.
Las dos funcionarias aseguraron que fueron sorprendidas por el tono del encuentro con el mandatario y rechazaron las acusaciones. Jay-Pang sostuvo que el presidente está mal informado y pidió que presente las pruebas correspondientes ante las autoridades.
Ordóñez Bowie afirmó que su administración respaldó la intervención del Hospital Departamental de San Andrés, una medida que consideró necesaria ante las dificultades que enfrenta la prestación de servicios médicos en el archipiélago.
La mandataria, quien asumió el cargo en julio tras unas elecciones atípicas, también señaló que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) es una entidad con autonomía administrativa y financiera. Indicó que, si existen pruebas de irregularidades, corresponde a los organismos de control investigarlas.
Por su parte, Jay-Pang recordó que había solicitado previamente la intervención del hospital debido a las deficiencias en la atención médica. Además, rechazó los señalamientos contra su esposo, Norbert Vonblon, y aseguró que él es propietario de una ferretería y no tiene contratos con la Gobernación.
La congresista pidió al presidente que presente pruebas ante las instancias correspondientes y cuestionó que el intercambio se hiciera públicamente, sin que ambas tuvieran oportunidad de exponer sus argumentos.
El enfrentamiento abre un nuevo capítulo de tensión política en Colombia
La controversia comenzó durante una visita presidencial a San Andrés, cuando De la Espriella cuestionó a las dirigentes por su postura frente a la intervención hospitalaria y mencionó presuntas irregularidades en contratos públicos.
Tras la difusión del encuentro, el Partido Liberal expresó su respaldo a Ordóñez y Jay-Pang y pidió que las diferencias institucionales se resuelvan mediante el diálogo y los procedimientos legales. La colectividad también respaldó la revisión de los recursos públicos para esclarecer cualquier posible irregularidad.
Por ahora, las declaraciones de las partes reflejan versiones contrapuestas sobre la gestión pública en el archipiélago. Las acusaciones no equivalen a responsabilidades judicialmente acreditadas, por lo que cualquier irregularidad deberá comprobarse mediante las investigaciones correspondientes.
La respuesta de las funcionarias se produjo después de que, el 18 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella las confrontara públicamente durante su visita a San Andrés y lanzara señalamientos sobre la intervención del hospital y presuntas irregularidades en la contratación.
El mandatario advirtió que utilizaría toda su autoridad para vigilar los recursos públicos, mientras que la gobernadora y la congresista rechazaron sus acusaciones y pidieron que se presenten pruebas.
El enfrentamiento mantiene la tensión política en el archipiélago, a la espera de que las autoridades competentes esclarezcan los señalamientos.
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