Desde hace más de veinte años, el Poder Judicial de la Federación ha colocado en sus edificios una frase que se le atribuye a José María Morelos y Pavón: “que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”. Es imposible no idealizar a cada Juez y Magistrado como un superhéroe de la vida real, alguien que llega en la última yarda, en el último suspiro, y cómo no, puesto que el amparo no es otra instancia, sino un medio para proteger nuestros derechos frente a una injusticia que pensamos definitiva.
Dentro del propio Poder Judicial de la Federación, existe un mecanismo que permite revisar lo resuelto en materia de amparo, y desde luego, evitar abusos en beneficio o en perjuicio de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando un Juez de Distrito dicta una sentencia de amparo, son los Magistrados de un Tribunal Colegiado quienes la confirman o la revocan.
Distinto es el caso del amparo directo, medio por el cual la justicia federal protege a una persona frente a una sentencia definitiva; aquí, quienes tienen la primera y la última palabra son los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito.
Como órganos colegiados, estos Tribunales se integran por tres Magistrados de Circuito: cada uno estudia los asuntos que se le turnan, elabora un proyecto de resolución y lo somete a la consideración de los otros dos para votarlo en sesión pública.
En algunos casos no resuelven funcionarios electos, sino Secretarios en funciones de Magistrados, como ocurre en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, que cuenta con Perla Deyanira Pineda Cruz, Secretaria en funciones de Magistrada, cuya carrera judicial es más extensa que la de algunos electos y quien, en los últimos meses, se ha destacado por ser quien menos amparos niega a la ciudadanía.
Es un dato curioso, porque, en aras de apoyar al pueblo que los eligió, uno pensaría que se estarían concediendo más amparos, sobre todo en asuntos administrativos y civiles, donde abundan tecnicismos que la mayoría de las personas no comprendemos y ante los cuales solo esperamos ayuda.
No obstante, la estadística judicial de los últimos meses revela que, en los dos Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil de Ciudad Victoria, son los Magistrados electos Rubén Darío Silva Saldívar y David Cerda Zúñiga quienes más amparos niegan.
La paradoja salta a la vista: quien no llegó al cargo por el voto es quien menos amparos niega, mientras que quienes fueron electos para servir al pueblo son quienes más se los niegan. Ningún amparo debe concederse por simpatía ni negarse por cálculo, pero si la frase de Morelos sigue en los muros de nuestros tribunales, la ciudadanía tiene derecho a exigir que también se refleje en sus sentencias. Un tribunal que no escucha no ampara y no defiende deja de cumplir la promesa que él mismo exhibe en la entrada.
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