El nuevo plan establece un presupuesto de aproximadamente 1.62 billones de euros, a precios de 2025, frente a los 1.76 billones contemplados inicialmente por la Comisión Europea. La reducción equivale a cerca del 8% y forma parte de las negociaciones para definir cómo se distribuirán los recursos del bloque durante los próximos siete años.
La propuesta fue presentada el sábado 10 de octubre de 2026 por Irlanda, país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Sin embargo, el documento todavía debe ser discutido por los gobiernos de los 27 Estados miembros antes de alcanzar un acuerdo definitivo.
Competitividad y política exterior concentran los principales recortes
El ajuste no afectaría por igual a todas las áreas del presupuesto europeo. La propuesta irlandesa contempla una reducción aproximada del 3% para agricultura, pesca y cohesión regional, rubros que representan una parte importante del gasto comunitario.
En contraste, las partidas destinadas a competitividad sufrirían una disminución del 13%, mientras que los recursos para política exterior y cooperación internacional bajarían alrededor del 17%.
La presidencia irlandesa busca encontrar un equilibrio entre las demandas de los países que exigen reducir el gasto y las naciones que defienden mantener recursos suficientes para el desarrollo regional, el campo y otras políticas comunitarias.
El presupuesto también debe responder a nuevas prioridades europeas, como la defensa, la seguridad, la investigación y el fortalecimiento de la economía, al mismo tiempo que se contempla el pago de los préstamos utilizados para financiar la recuperación económica tras la pandemia.
Alemania y España mantienen diferencias sobre el presupuesto
La propuesta no ha logrado convencer a todos los integrantes del bloque. Alemania y otros países que defienden una política de mayor austeridad consideran que los recortes todavía son insuficientes para reducir la carga financiera de los principales contribuyentes.
En cambio, España y otros integrantes del grupo conocido como Amigos de la Cohesión rechazan una reducción que, a su juicio, podría comprometer la financiación de programas regionales y agrícolas, además de limitar la capacidad europea para afrontar nuevos desafíos económicos.
Las diferencias también alcanzan el debate sobre nuevas fuentes de ingresos para la Unión Europea. Entre las alternativas discutidas figuran mecanismos de financiación propios, aunque no existe consenso sobre cómo aplicarlos ni sobre la distribución de sus costos.
Los líderes europeos abordarán la propuesta durante las negociaciones previstas para el 15 y 16 de octubre en Bruselas. El objetivo es alcanzar un acuerdo político antes de finalizar 2026 para permitir que la legislación presupuestaria se apruebe en 2027 y el nuevo marco financiero entre en vigor el 1 de enero de 2028.
Por ahora, el recorte del 8% representa una base de negociación y no una decisión definitiva. El resultado dependerá de las conversaciones entre los gobiernos y de la aprobación correspondiente de las instituciones europeas.

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