La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), avaló el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual será de orden público y observancia general en todo el territorio nacional; tendrá como objeto promover la adopción e implementación de medios de pago electrónicos y digitales, y cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo.
Con 24 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, se aprobó en lo general, y por 25 votos en pro, cuatro en contra y cero abstenciones en lo particular, con modificaciones. Se remitió a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.
El dictamen determina que en la contratación digital de servicios financieros la CURP Digital será aceptada como un mecanismo de confianza; las personas usuarias, a su elección, podrán utilizarla ante las entidades, o cualquier otro mecanismo de identificación oficial, para la contratación digital de servicios financieros.
Crea el Expediente Digital Ciudadano como un mecanismo de confianza para la consulta o uso de documentos o información de las personas usuarias. Además, señala que cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de medios de pago digitales y electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque.
Las entidades deberán realizar las acciones necesarias para promover la inclusión financiera de la población, difundir los productos y servicios financieros que ofrecen para los diferentes sectores de la población, promover entre la población los distintos niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista; facilitar el otorgamiento de créditos, financiamiento y préstamos a través de medios digitales, y cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en las disposiciones legales aplicables.
El diputado Antonio Altamirano expresó que la Ley está integrada por 22 artículos distribuidos en cinco títulos y cinco disposiciones transitorias; busca acelerar la adopción de pagos digitales en México como una herramienta para impulsar la inclusión financiera, modernizar la economía y facilitar la relación entre ciudadanía, empresas y gobierno.
Resaltó que la propuesta enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 8 de septiembre, parte de la premisa de que, aunque el país ya cuenta con infraestructura tecnológica como el SPEI, CODI, DIMO, códigos QR y aplicaciones financieras, una gran parte de las operaciones económicas siguen realizándose en efectivo.
Refirió que para atender esta situación la ley promueve el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras.
Además, indicó que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar estos mecanismos para el pago de trámite y servicios públicos. Uno de los pilares de la iniciativa es la creación de condiciones para que las personas puedan contratar servicios financieros de forma totalmente digital.
Para ello, dijo, se reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como un mecanismo válido de identificación y acreditación documental con la misma validez que los documentos físicos cuando sean utilizados con autorización de las personas usuarias.
La iniciativa –aclaró– busca acelerar la digitalización de la economía mexicana mediante pagos electrónicos universales, identidad digital confiable e inclusión financiera para reducir el uso del efectivo, ampliar el acceso al crédito y modernizar la relación entre ciudadanía, empresas y gobiernos.
Relató que entre las principales disposiciones de esta nueva ley, está que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para aceptar medios de pago digitales y electrónicos en la atención de trámites y servicios; que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y actividades relevantes en los cuales la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos será la única forma de pago.
También, que las autoridades competentes de cada sector emitirán disposiciones administrativas correspondientes y podrán establecer mecanismos y plazos para una transición gradual. Además, cuando una contingencia imposibilita la recepción de medios de pago digitales y electrónicos, se permitirá el pago en efectivo o cheque. La contingencia no podrá utilizarse de manera permanente o recurrente para justificar el incumplimiento de la ley.
Adicionalmente, fija atribuciones al Banco de México relacionadas con transferencia electrónica, aplicación de servicios financieros y recepción de pagos mediante códigos QR.
Posicionamientos
El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes (Morena) mencionó que ley tiene muy buenos alcances, no crea ningún impuesto por usar medios electrónicos ni ningún gasto. “Es una buena iniciativa, es gradual y no excluye a nadie; avanza por etapas y mantiene el efectivo en contingencias. La economía digital ya existe, y lo que vamos a decidir es si avanza con reglas claras, con una conducción del Estado y con beneficios compartidos. La modernización y la digitalización tienen sentido, pero solo cuando se convierten en bienestar del pueblo”.
Por el PAN, la diputada Eva María Vásquez Hernández externó que México tiene que avanzar hacia una economía digital y facilitar los pagos electrónicos, los trámites en línea y el acceso a los servicios financieros, pero la pregunta es sí se están construyendo las condiciones para que todas las personas puedan entrar a esa nueva economía o simplemente se legisla para quienes ya están dentro de la misma, dado que México también es de quienes tienen un pequeño negocio y cobran en efectivo. “No basta con decirle a una persona que existe una aplicación, necesitamos que tenga acceso a internet, señal, una cuenta, acceso al sistema y pueda utilizarlo de una forma segura. La inclusión digital no se decreta, esa se construye”.
En opinión de la diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) la ley no solo se limita en promover nuevas formas de pago, construye un marco que vincula los pagos digitales con una inclusión financiera. Además, establece un mecanismo para avanzar gradualmente en aquellos sectores estratégicos, actividades relevantes donde los medios digitales y electrónicos pueden convertirse en la única forma de pago. “Acompañamos el dictamen y consideramos que la innovación tiene sentido cuando se traduce en beneficios para las y los mexicanos”.
Del PT, el diputado José Antonio López Ruíz aseguró que la ley amplía el acceso a servicios financieros, ofrece alternativas al uso de efectivo, facilita que las micro, pequeñas y medianas empresas generen registros en sus operaciones y establece mayor certeza jurídica en materia de identidad digital. “En el PT consideramos benéfico el dictamen, pero será importante dar seguimiento a las comisiones, las tasas de intercambio y otros costos asociados con los pagos digitales, para evitar que la expansión de estos mecanismos termine representando una carga adicional para las familias y los pequeños negocios”.
Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, consideró que se trata de una reforma insuficiente, porque dependerá de la tecnología instalada y de las fallas sistémicas que se puedan propiciar; no resuelve por sí la informalidad. El proceso de adaptación para pequeños negocios es insuficiente, plantea un aumento de vulnerabilidad ante fraudes y ciberdelitos, perfila una concentración de información financiera y personal. “Esta ley podría contribuir a modernizar la economía mexicana y ampliar el acceso a servicios financieros, pero podría aumentar la exclusión, la vigilancia y la vulnerabilidad tecnológica”.
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) aclaró que votarán en contra de la iniciativa en los términos en que está planteada, y eso no significa estar en contra de la digitalización, de la inclusión financiera ni oponerse a que México modernice sus medios de pago. México tiene que avanzar hacia una economía más digital, pero se debe hacer bien, porque una cosa es dar opciones y otra es aprobar una ley que empiece a reducir el uso de efectivo sin haber resuelto antes quién va a pagar esa transición, qué pasa con quien no puede digitalizarse, qué sucede cuando falta la tecnología y cómo se va a proteger la información de las personas.
Posturas a favor y en contra
La diputada Merary Villegas Sánchez (Morena) comentó que la ley acerca a la economía formal a quien hoy está fuera de ella; reduce poco a poco el uso del efectivo, construye una economía más transparente y estrecha los espacios de la informalidad, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Aseguró que no se prohíbe el efectivo; se ordena una transición gradual y por etapas.
Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, precisó que su grupo parlamentario coincide en que México tiene que dar un gran paso en materia de transformación digital y formalizar más al país, pero se tiene que acompañarlo de herramientas tecnológicas, financieras y fiscales “que en vez de ser persecutorias sean incluyentes”. Tiene que haber más elementos de apoyos logísticos, presupuestales y tecnológicos.
El diputado Luis Armando Díaz (PT) destacó la importancia de establecer las bases y mecanismos para un sistema de pagos digitales y electrónicos. Sostuvo que es mentira que la ley prohíba los pagos en efectivo, pues “lo que impulsa es utilizar la tecnología para realizar pagos y, con esto, evitar que el usuario sea sujeto del robo de su dinero”.
Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández indicó que se debe votar en contra porque “esta ley es apresurada, es incompleta y es punitiva; obliga a la población, a las micro y pequeñas empresas a dejar de usar efectivo en plazos de solo un mes sin garantizar primero que todo el país tenga internet, inclusión bancaria y protección antifraude. Se da un poder absoluto y discrecional a la Secretaría de Hacienda para decidir dónde prohibir el efectivo.
A su vez, la diputada María Guadalupe Morales Rubio (Morena) aseguró que este dictamen articula la infraestructura tecnológica con la inclusión financiera y ofrece herramientas para facilitar las actividades económicas de la población. Señaló que va a ser responsabilidad de la iniciativa privada y del gobierno dar los pasos necesarios para esta incorporación digital y que esté acompañada de capacitación y servicios financieros.
José Narro Céspedes, diputado de Morena, subrayó que el dictamen recoge diversas iniciativas y consideró que la ley es necesaria para regular la economía digital que ya está en el mundo y que es importante que en México se fortalezca este mecanismo para hacer más fluida la economía nacional y fortalecer al pequeño y mediano comerciante.
Discusión en lo particular
En lo particular, se aceptaron las reservas del diputado Carol Antonio a la consideración decimoctava, artículo 2 fracción séptima, artículo 19 fracción primera, Titulo Quinto del Capítulo Primero, y transitorio primero, segundo y cuarto, relativos a señalamientos de forma.
Mencionó que en la consideración decimoctava se incorpora la opinión en sentido positivo de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, en su reunión que celebró el martes el 29 de septiembre.
Sobre el artículo 2 fracción séptima se agrega “código de respuesta rápida y comunicación” al campo cercano; el artículo 19 fracción primera, la palabra “ampliar” cambia por “regular”; en el Titulo Quinto del Capítulo Primero, se agrega la palabra “para la homologación de trámites para el desarrollo económico”, en el primero y segundo transitorio en lugar de decir “el presente decreto” queda “la presente ley”, y en el cuarto transitorio se le agrega “del plazo de los 15 días siguientes”.
La diputada Patricia Elizondo (MC) reservó los artículos 12 y 15. La diputada María Rosete (Morena), planteó adicionar un capítulo Tercero al Título Tercero, modificar los artículos transitorios primero y cuarto y adicionar un transitorio sexto. El diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) adicciones al artículo 9 Bis. El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) reformas al artículo 13, y los diputados Yerico Abramo (PRI) y Héctor Saúl (PAN) diversas reservas, mismas que se pidió retirar o anexar al dictamen.
El dictamen aprobado pasará al pleno de diputados para su revisión, análisis y posible aprobación.
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