La resolución está relacionada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada por el Estado argentino a finales de la década de 2000.
La jueza Jia M. Cobb, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, determinó que ya había transcurrido un plazo razonable desde la sentencia que ordenó el pago, por lo que Titan puede iniciar acciones para intentar hacer efectivo el cobro.
Sin embargo, la resolución no significa que un activo argentino haya sido embargado de manera inmediata. La autorización permite comenzar el proceso para identificar bienes susceptibles de medidas de ejecución conforme a la legislación estadounidense.
Un litigio que comenzó por la expropiación de Aerolíneas
El conflicto se remonta a 2008 y 2009, cuando Argentina tomó el control y posteriormente expropió Aerolíneas Argentinas y Austral, entonces vinculadas al grupo español Marsans.
Los antiguos propietarios llevaron el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
En 2017, el tribunal arbitral determinó que Argentina debía pagar una compensación de aproximadamente 321 millones de dólares, más intereses, por la expropiación. Posteriormente, los derechos derivados del litigio fueron transferidos a otras entidades hasta quedar en manos de Titan Consortium.
Titan acudió en 2021 a la justicia estadounidense para conseguir el reconocimiento y ejecución del laudo del CIADI.
Argentina argumentó que la demanda había prescrito, pero los tribunales estadounidenses determinaron que el plazo aplicable era de 12 años y no de tres. El 21 de julio de 2026, una corte de apelaciones confirmó esa interpretación y el monto ejecutable quedó establecido en 390.9 millones de dólares, antes de los intereses que correspondan.
Titan podrá iniciar solicitudes de embargo
Con la nueva resolución, Titan Consortium puede comenzar a buscar activos argentinos que puedan estar sujetos a medidas de ejecución en Estados Unidos.
La decisión de la jueza Cobb está fechada el 25 de septiembre de 2026 y, según los reportes publicados, el proceso para presentar solicitudes puede comenzar a partir del 28 de septiembre.
La medida podría abrir una nueva etapa del litigio internacional, aunque cualquier embargo específico deberá cumplir con los requisitos legales correspondientes y ser evaluado judicialmente.
La Procuración del Tesoro argentino confirmó el fallo y señaló que el Gobierno está analizando las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de la sentencia sobre la economía del país.
De esta manera, el caso pasa de una disputa sobre el reconocimiento de la deuda a una etapa en la que el acreedor puede comenzar a buscar mecanismos concretos para hacer efectivo el pago.
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