En el puente los “Tomates” que conecta Matamoros-Brownsville, el acceso hacia EE. UU., es un caos porque la Guardia Nacional establece un retén sin utilidad. El regreso a Matamoros es un caos organizado. La autoridad responsable de la seguridad y de la Aduana, Ejército y Guardia Nacional, aplican nudo gordiano al tráfico vehicular.
Al regreso, el acercamiento al puente los “Tomates” se ajusta a un solo carril, por lo que la fila de vehículos se extiende más de un kilómetro. Al acercarse a los semáforos que señala rojo o verde, solo está abierto dos accesos. Al salir, de nuevo a hacer fila, así que los conductores se disputan el paso para circular hacia donde está físicamente el personal de la aduana, sin espacio para maniobra.
Para acceder a la salida se conduce por el área de revisión sin que importe que el semáforo haya mostrado verde o rojo; todos a hacer fila y de manera ilógica, la fila debe esperar a que se revisen autos con “rojo”. Al ser territorio federal su manejo es ajeno a la población civil pues son inaccesibles las autoridades militares que custodian el puente y manejan la Aduana, así que a ajustarse a las barbaridades que la 4T organiza.
Desde la administración de AMLO se priorizó Ejército Nacional, Guardia Nacional y Guardia Estatal como responsables de la seguridad civil y para construir, manejar, cuidar la operación de aeropuertos, aduanas, tren, oleoductos. Veamos resultados: la Secretaría de Marina es centro del mayor escándalo de corrupción en décadas, involucrando a altos mandos en una red de “huachicol fiscal”. La Guardia Nacional, creada con promesa de incorruptibilidad, enfrenta acusaciones de nexos con grupos delictivos y extorsión masiva en varias entidades del país, también en Tamaulipas.
Elementos de la Guardia en Guerrero recibían pagos ($100 mil a $300 mil por quincena) del grupo “Los Tlacos” por información y protección. El agente Eduardo Bustos Pérez, quien grabó un video exponiendo estos pagos fue secuestrado y encontrado muerto después de su denuncia. Reportes indican que la corporación investigó más de 1,300 acusaciones de extorsión contra transportistas, las cuales se desestimaron por falta de pruebas, mostrando impunidad interna.
El general José Luis Chávez Aldana dirigió una red de corrupción en el Instituto Nacional de Migración donde se vendían visas de residencia permanentes a migrantes por entre 3,000 y 25,000 dólares. Documentos prueban que agentes del ejército venden armas a grupos criminales, documentada por organizaciones de derechos humanos y verificada por filtraciones internas.
Estos casos generan debate público sobre la falta de supervisión civil independiente y el uso del fuero militar como mecanismo de impunidad para los integrantes de las fuerzas armadas. Se trata de mexicanos comunes a los que se confiere mando, pero la corrupción y los lleva a complicidad con grupos criminales.
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