El proyecto, identificado como Tucson 5, se desarrolla en una zona cercana a la frontera con México y atraviesa parte del territorio de la Nación Indígena Tohono O’odham.
La comunidad considera que la obra viola su soberanía, además de representar una amenaza para el medioambiente y para sitios que tienen importancia cultural y espiritual.
La tribu también cuestiona la necesidad de la construcción debido a la disminución de las detenciones migratorias en ese sector. Según sus representantes, los arrestos se han reducido en 95% durante los últimos dos años.
La Nación Tohono O’odham presentó una demanda para intentar detener el proyecto. Sin embargo, una jueza federal rechazó la solicitud de la comunidad en agosto, al determinar que no había demostrado que el Gobierno estuviera violando su soberanía. La tribu mantiene su disputa legal y apeló la decisión.
Gobierno de EU defiende la construcción del muro
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) sostiene que el área donde se desarrolla Tucson 5 constituye uno de los corredores utilizados para el tráfico de drogas y de personas.
El comisionado de CBP, Rodney Scott, afirmó que la nueva infraestructura permitirá cerrar una brecha de seguridad en la frontera y dificultar las operaciones de grupos dedicados al contrabando.
El muro contempla una estructura de acero y concreto de aproximadamente 9.1 metros de altura. La comunidad indígena advierte que las obras podrían afectar sitios ceremoniales y cementerios ancestrales.
Uno de los puntos de preocupación es Quitobaquito, un lugar considerado sagrado por los Tohono O’odham y que además funciona como refugio para especies amenazadas, entre ellas la tortuga de Sonoyta y el pez pupo de Quitobaquito.
La construcción forma parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump para ampliar las barreras físicas y los sistemas de vigilancia en la frontera entre Estados Unidos y México.
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