En México se registraron 17,912 casos despojo en el primer semestre 2026. En la Ciudad de México, la Fiscalía de Justicia acumuló 1,846 investigaciones a junio 2026, promedio de 10 diarias desde 2019.
En el Estado de México, la Unidad para la Investigación de Despojo recibió 7,018 denuncias a un año de su creación. La impunidad es alarmante; 6% de los casos se resuelven y en la CDMX, 1.4% de las denuncias llegan a los juzgados. En 2025, el Gabinete contra Despojos en la Ciudad de México atendió 4 mil denuncias. Se presentó al Congreso de la Ciudad de México, en octubre 2025, iniciativas de reforma a los Códigos Penal y Civil, y Leyes Registral y Notariado. En los cambios están penas de 6 a 11 años de prisión y de 12 a 22 con participación notarial, servidor público, falsificación de documentos o simulación de acto jurídico.
Factores estructurales: El delito se concentra en zonas con alto valor del suelo o en proceso de gentrificar (Nuevo León, Valle de México). Suplantar identidad, falsificar escrituras. Títulos deficientes, padrón ejidal desactualizado y falta de certeza jurídica sobre la propiedad, lo facilitan.
Grupos delictivos invaden predios e instalan centro de operación, almacenaje de mercancías ilegales o especulan con el suelo. Se identificó un cártel inmobiliario en Morelos y Valle de México y cárteles notariales que alteran protocolos, usurpan identidades y falsifican escrituras. Complicidad o negligencia de autoridades, cooptación del sistema judicial y corrupción de policía municipal, facilitan la invasión.
Vulnerabilidad. El 40% de las víctimas son personas mayores de 60 años, engañadas con falsificación de documentos. Envejecimiento de ejidatarios, abandono de parcelas y falta de política pública para el campo hace al ejido vulnerable. Falta de recurso para defenderse: Muchas víctimas carecen de medios económicos o conocimiento legal para recuperar sus inmuebles, y la impunidad (6% de casos resueltos) desincentiva la denuncia.
En Tamaulipas el acumulado desde 2020 es de 2,937 denuncias penales. En el sur, 35% de los inmuebles tiene título actualizado y 65% está en situación vulnerable. A nivel nacional (primeros 10 meses 2025), Tamaulipas registró 425 denuncias. La sanción prevista en el Código Penal de Tamaulipas (art. 428) es de 3 meses a 5 años de prisión y multa de 10 a 70 veces la UMA.
Es un delito que combina incentivo económico (valor del suelo), debilidad institucional (justicia lenta, corrupción, títulos irregulares) y criminalización organizada, en un contexto de desigualdad en el acceso a la propiedad.
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