La iniciativa es impulsada por Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional y responsable del sistema penitenciario.
El proyecto contempla excavar un foso de aproximadamente 170 metros de longitud alrededor de la prisión de Ketziot, ubicada en el desierto del Néguev, para posteriormente llenarlo con cocodrilos del Nilo.
El Gobierno israelí ha destinado alrededor de 21 millones de séqueles, equivalentes a unos seis o siete millones de dólares, para desarrollar el proyecto.
Ben Gvir sostiene que la medida busca reforzar la seguridad ante el aumento de presos palestinos y reducir la carga de los funcionarios penitenciarios.
El plan ha generado controversia debido a que no existe un precedente profesional conocido de utilizar cocodrilos como parte de un sistema de seguridad penitenciaria.
Un tribunal frenó el traslado de los animales
La propuesta también enfrenta obstáculos ambientales y de bienestar animal. La organización israelí Let the Animals Live acudió a los tribunales para impedir el traslado de los reptiles.
El Tribunal de Distrito de Jerusalén ordenó suspender temporalmente la posible reubicación de los cocodrilos, al considerar que las denuncias sobre el riesgo para los animales requieren ser investigadas. Las obras del foso, sin embargo, pueden continuar.
La Autoridad de Naturaleza y Parques de Israel ha cuestionado el proyecto y señaló que no ha identificado ningún modelo profesional internacional que utilice cocodrilos para proteger prisiones.
También existen preocupaciones sobre la seguridad de guardias, presos y población cercana, además de los posibles efectos ambientales de introducir estos grandes depredadores en una instalación penitenciaria.
El Ministerio de Medio Ambiente modificó además la clasificación del cocodrilo del Nilo para facilitar el desarrollo de un programa piloto, una decisión que fue cuestionada por especialistas y organizaciones animalistas.
El proyecto permanece así en medio de una disputa política, judicial y ambiental. Mientras las autoridades israelíes defienden la medida como una herramienta de seguridad y disuasión, sus críticos cuestionan tanto su viabilidad como el uso de animales como mecanismo de vigilancia penitenciaria.
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