Los 43 ayuntamientos de Tamaulipas deben reforzar controles internos y mecánica para comprobar el uso de recursos públicos, ante el riesgo de que deficiencias en la documentación y justificación del gasto deriven en observaciones, sanciones o responsabilidades, cita el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega.
En Tamaulipas no existe cifra de presidentes municipales con sanción porque las instituciones encargadas de fiscalizar y castigar (Auditoría Superior del Estado (ASE), Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas, publican y procesan sus informes por ejercicios fiscales.
INEGI: Detectó que en un periodo anual se denunció a 351 servidores públicos municipales, 59 fueron sancionados y 25 inhabilitados por faltas administrativas. En revisiones por la ASE y el Congreso del Estado de ejercicios fiscales (2021-23), se reprobó 60% de 300 cuentas pública por deficiencias o faltas de comprobación en 40 de los 43 municipios, lo que abrió investigación administrativa.
Cuentas 2012: El Congreso Local emitió sanciones y multas a 11 exalcaldes y 11 extesoreros por no solventar observaciones de la cuenta pública. La ASE ha promovido más de 40 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado que señalan a exalcaldes y exfuncionarios por presunto desvío de recursos. Mantiene abiertas decenas de denuncias penales por desfalcos, sin avance.
Óscar Pérez Inguanzo (Exalcalde de Tampico, 2008-10) Detenido en octubre 2011 en Texas, extraditado a México. Se le recluyó por desvío de recursos públicos, ejercicio indebido de funciones y falsificación de documentos. Tras fianza, recuperó su libertad para seguir proceso. Jorge Carranza Beltrán (Exalcalde de El Mante, 1996-98) Se le detuvo por peculado y desvío de fondos públicos.
Maki Ortiz Domínguez: Investigada por la fiscalía anticorrupción por desvíos por $78 millones durante sus administraciones en Reynosa, es Senadora. Luis Higareda Adam, asumió la presidencia de Reynosa en enero 1999. Fue señalado por desvío de recursos públicos y obligado a dejar el cargo. Tras las investigaciones, huyó a EE. UU., para evadir la justicia. El proceso legal en su contra terminó por prescribir.
¿Cuánto cuestan los cuatro organismos responsables de cuidar el dinero público? ¿Son independientes o para desgracia de ellos y nuestra enfrentan decisiones políticas?
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