Para evitar que estudiantes sean víctimas de escuelas que ofrecen servicios educativos sin autorización, así como de quienes expiden títulos y diplomas que no tienen validez oficial, la Diputación Permanente aprobó por unanimidad dos iniciativas para fortalecer las sanciones contra estas prácticas.
Durante la sesión, la diputada Francisca Castro Armenta dio lectura a las propuestas de la diputada Yuriria Iturbe Vázquez y del diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, y expresó su respaldo al considerar que ambas acciones legislativas brindan mayor certeza y seguridad jurídica a la comunidad educativa.
“Resulta necesario establecer las condiciones penales que permitan brindar mayor certeza y seguridad jurídica en estos procesos”, resaltó.
La acción legislativa de la diputada Yuriria Iturbe plantea reformar las fracciones XIX y XX, así como adicionar la fracción XXI al artículo 418 del Código Penal de Tamaulipas, a fin de incorporar como fraude la expedición, entrega u ofrecimiento de títulos, diplomas o grados académicos sin la autenticación oficial correspondiente.
Mientras que la propuesta del diputado Isidro Vargas busca reformar el primer párrafo del artículo 189 Ter del mismo ordenamiento, con el objetivo de incrementar de cuatro a ocho años de prisión y de mil a dos mil UMAs la sanción por impartir servicios educativos sin autorización o reconocimiento de validez oficial, aplicándose la pena por cada institución que opere en estas condiciones.
La legisladora Castro Armenta destacó que ambas propuestas cuentan con opiniones favorables de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, al contribuir a fortalecer la respuesta penal y proteger el patrimonio y la certeza jurídica de las y los estudiantes.
Finalmente, la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Lucero Deosdady Martínez López, citó a sesión el próximo lunes 7 de septiembre, a las 11:00 horas.
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