Estados Unidos amplió este jueves sus sanciones contra Cuba, con medidas dirigidas a entidades estatales y funcionarios cubanos, en un nuevo episodio de presión de la administración de Donald Trump.
Nuevas sanciones apuntan a sectores estratégicos
El gobierno estadounidense anunció sanciones contra nueve empresas estatales cubanas, vinculadas principalmente con los sectores de minería, metales y construcción.
Entre las entidades incluidas se encuentra el Ministerio de la Construcción de Cuba, además de otras compañías consideradas por Washington como parte de la estructura económica del gobierno cubano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también anunció medidas contra tres funcionarios relacionados con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Washington acusa al organismo de promover actividades que considera perjudiciales para los intereses estadounidenses y de utilizar intercambios culturales y educativos para desarrollar actividades de influencia en Estados Unidos.
Las nuevas medidas forman parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para incrementar la presión económica y política sobre La Habana.
Cuba acusa a Washington de intentar asfixiar su economía
El gobierno cubano rechazó las nuevas sanciones y acusó a Estados Unidos de intentar debilitar deliberadamente la economía de la isla.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, cuestionó las medidas y señaló que las restricciones dificultan el acceso de Cuba a recursos y productos necesarios para sectores esenciales.
Las nuevas sanciones llegan en un momento especialmente complicado para la economía cubana, que enfrenta escasez de productos, problemas energéticos, apagones y dificultades en distintos servicios públicos.
De acuerdo con reportes internacionales, Washington ha intensificado durante los últimos meses su política de sanciones y restricciones contra Cuba, mientras el gobierno de Trump busca aumentar el aislamiento económico de la isla.
La nueva ronda de medidas podría afectar también a empresas y actores extranjeros que mantengan relaciones con las entidades sancionadas, elevando la presión sobre las actividades comerciales vinculadas con el gobierno cubano.
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