La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el pacto que une a todos los mexicanos desde su promulgación; la importancia de cada uno de sus artículos es tal que cada año se llevan a cabo las ceremonias más importantes del país.
En su primer artículo, los mexicanos pactamos que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, siguiéndole el artículo segundo en el que se reconoce que México tiene una composición pluricultural y multiétnica.
Cuando unimos los dos artículos anteriores, queda claro que en México siempre habrá personas que piensen distinto, y, naturalmente, expresaremos ideas y opiniones diferentes. Querer que 130 millones de personas pensemos lo mismo es una utopía, por no decir una locura.
Por ello, tres de esos derechos que las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar son el de la libre manifestación de las ideas, el libre acceso a la información plural y a las ideas de toda índole, y desde luego, el de la libertad de expresión.
El detalle es que, como todos los derechos, ninguno es absoluto; el límite de estos es que no se ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público; incluso, se prevé el derecho de réplica.
Así pues, el gran elefante en la sala es la pregunta de si difundir información falsa rebasa los límites de nuestra Constitución, pero aquí hay dos cuestiones: la primera es que determinarlo es muy subjetivo –– depende de quién lo diga ––, y la segunda, que la Carta Magna no es una ley: es un conjunto de principios, no solo de reglas.
En consecuencia, supongamos que toda la oposición está divulgando información equivocada. ¿Señalarlo como autoridad es parte de la obligación de promover el derecho al libre acceso a la información? Y es que una cosa es su derecho de réplica y otra sus obligaciones como autoridad: si en verdad la información es falsa, para eso está la réplica.
El problema es que resulta absurdo suponer que todos los detractores del régimen difunden mentiras; más bien, podría tratarse de un punto de vista distinto, y eso está protegido.
En lugar de quejarse de que las mismas personas repliquen sistemáticamente opiniones diversas, deberían promover que eso continúe, y seguir buscando puntos de vista distintos en aras de garantizar el derecho al libre acceso a la información.
Pensemos en un extranjero que llega a nuestro hogar, en un aficionado de las Chivas con un americanista, en un católico con un evangélico, ¿Acaso no somos todos iguales? ¿Acaso no acordamos eso en nuestra Constitución?
Discussion about this post