El Gobierno de México anunció que presentará denuncias penales ante las fiscalías de Estados Unidos y demandas civiles contra empresas privadas por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos. Los fallecimientos ocurrieron bajo custodia o durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que la estrategia jurídica implica trasladar el caso de los canales diplomáticos ordinarios hacia las instancias judiciales penales directas del Departamento de Justicia estadounidense para abrir investigaciones formales.
Demandas civiles contra operadoras privadas de centros de detención
La administración federal dirigirá acciones de carácter civil hacia corporaciones particulares que administran los complejos penitenciarios migratorios. El plan contempla el envío de requerimientos legales de cese para exigir modificaciones estructurales en las condiciones de confinamiento que provocaron el deceso de 14 de los connacionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para estructurar los expedientes. El soporte legal buscará fincar responsabilidades administrativas y económicas sobre los operadores privados contratados por la agencia norteamericana.
Intervención de organismos internacionales de derechos humanos
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que solicitará la intervención formal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para auditar los procedimientos operativos recientes del organismo de seguridad.
La postura del Ejecutivo mexicano responde al último deceso registrado en territorio estadounidense, cuyas circunstancias sugieren un uso desproporcionado de la fuerza dirigida. Hasta el momento, la cancillería mexicana ha emitido 11 notas diplomáticas formales a Washington sin obtener resoluciones judiciales conclusivas.
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