La organización no gubernamental venezolana Provea solicitó de manera formal transparencia absoluta en relación con el operativo militar coordinado entre los gobiernos de Washington y Caracas en el sureste de Venezuela, el cual resultó en el deceso de Héctor Guerrero, alias el ‘Niño Guerrero’, identificado como el líder máximo del grupo delictivo transnacional Tren de Aragua.
A través de un comunicado oficial, el organismo defensor de los derechos humanos expuso que la ciudadanía tiene el derecho legítimo de conocer los términos precisos, el alcance legal y los mandos responsables de dicha intervención conjunta en la región minera del estado de Bolívar.
De acuerdo con la valoración del organismo, los datos disponibles sugieren que las acciones ejecutadas constituyen presuntamente una violación a la soberanía territorial de esa nación, así como una transgresión a las garantías individuales bajo el supuesto de una ejecución extrajudicial.
La institución señaló que el Estado venezolano mantiene la obligación legal de suministrar información fidedigna y verificable sobre el saldo humano derivado del despliegue masivo, lo que incluye el número exacto de fallecidos, heridos y personas detenidas, garantizando la debida identificación de los afectados.
Según los reportes de la agrupación, los antecedentes de intervenciones similares en dicha demarcación territorial han registrado históricamente vulneraciones a las garantías civiles, por lo que urgió a evitar detenciones arbitrarias o tratos crueles contra la población ajena a los grupos criminales.
El organismo detalló que el control ejercido por los grupos armados en el sur de Venezuela deriva de una política que priorizó la extracción opaca de recursos sobre el fortalecimiento institucional, lo que propició el avance de economías criminales en zonas ricas en minerales.
Ante este panorama, la representación civil exigió aclaraciones directas sobre los acuerdos internacionales que respaldaron la incursión armada al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, para asegurar que no se repliquen patrones de abusos de autoridad.
El despliegue táctico fue anunciado inicialmente por el Ejecutivo de los Estados Unidos como un ataque letal enfocado contra el líder de la estructura delictiva calificada como terrorista por Washington, acción que posteriormente fue ratificada por las autoridades de Caracas.
La administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que las diligencias correspondientes se desarrollaron mediante el uso de apoyo tecnológico especializado y el intercambio continuo de información de inteligencia entre ambas naciones, tras el restablecimiento de nexos bilaterales en marzo pasado.
Finalmente, los informes institucionales refieren que este procedimiento operativo se concretó a dos meses de la aprobación de la nueva Ley de Minas, marco normativo que faculta la participación de inversionistas extranjeros en los sectores extractivos de la región afectada.
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