Un juez federal de Estados Unidos dictaminó este viernes que el Gobierno del presidente Donald Trump actuó de manera ilegal al bloquear la tramitación de solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjetas de residencia y procesos de ciudadanía para ciudadanos originarios de 39 países. La resolución judicial establece que la suspensión de estos beneficios vulneró los procedimientos legislativos vigentes.
El juez principal de distrito John McConnell, con sede en Providence (Rhode Island), determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) implementó directrices contrarias a la ley que afectaron directamente a solicitantes de África, Asia, América Latina y Oriente Medio. La decisión responde a una demanda colectiva interpuesta en marzo por una coalición de organizaciones de servicios para inmigrantes y sindicatos laborales.
Alcance del fallo sobre el USCIS y el estatus legal
Las políticas impugnadas comenzaron a aplicarse en noviembre pasado bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Estas normativas paralizaban de forma indefinida la adjudicación de prestaciones migratorias a personas de naciones sujetas a prohibiciones de viaje totales o parciales, una disposición que la administración de Donald Trump justificó bajo argumentos de seguridad nacional e investigación de antecedentes.
El dictamen judicial señala que el USCIS incurrió en infracciones a las leyes de inmigración promulgadas por el Congreso y a las normativas administrativas que regulan sus propias funciones. Según el tribunal, la paralización de los expedientes colocó a los solicitantes en un limbo jurídico prolongado, a pesar de que los afectados cumplieron de manera regular con los requisitos y reglamentos establecidos para la obtención de la residencia permanente.
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