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El legislador sostuvo que las autoridades estatales y federales deben utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para esclarecer posibles actos de corrupción, especialmente cuando involucran a funcionarios o empresarios de alto nivel.
“Es indispensable utilizar todas las capacidades institucionales para actuar contra este tipo de delitos, especialmente si políticos de alto nivel o empresarios se encuentran implicados”, afirmó.
Ramírez Cuéllar recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría llamar a declarar al mandatario estatal ante posibles delitos federales, entre ellos presunto lavado de dinero y facturación falsa.
Las declaraciones surgen luego de que se diera a conocer la detención de un empresario presuntamente vinculado a la red conocida como “Los Petrofactureros”, integrada por alrededor de 40 negocios relacionados con el huachicol. De acuerdo con información publicada por REFORMA, el detenido figura como cliente de servicios profesionales de uno de los despachos del padre de Samuel García.
El diputado indicó que en el Congreso local existen diversos expedientes de juicio político contra el gobernador por presuntas irregularidades administrativas y electorales. Además, mencionó investigaciones relacionadas con posibles delitos financieros y desvío de recursos.
También pidió esclarecer señalamientos sobre un gasto superior a 81 millones de pesos en campañas de redes sociales y la relación de familiares del gobernador con empresarios bajo investigación.
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