La reforma judicial, aprobada por el Senado cerca de la medianoche del 28 de agosto, recibió el aval de 22 legislaturas locales apenas horas después. Entre ellas se encuentran Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Sonora y Yucatán, entre otras. Con ello alcanzó el respaldo de 68.8 por ciento de los congresos estatales, por encima del requisito constitucional.
La modificación establece que la elección de jueces y magistrados se realizará en 2028, simplifica los mecanismos de evaluación de aspirantes, reduce el número de candidatos y permite que los cuatro integrantes del Tribunal Electoral cuyo periodo concluye ese año participen en la contienda.
Por su parte, la reforma al artículo 41 constitucional, impulsada por Ricardo Monreal, incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones federales y locales cuando existan pruebas objetivas y suficientes.
La iniciativa fue avalada por 21 congresos estatales, equivalentes al 65.6 por ciento del total. No obstante, esta disposición no podrá aplicarse en las elecciones de 2027 debido a que aún no cuenta con legislación secundaria aprobada.
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