La sesión del Congreso del Estado celebrada este último viernes del mes de mayo dejó muchas enseñanzas, tanto a legisladoras y legisladores como a los espectadores.
Una de ellas es que la discusión puede elevarse de nivel cuando la voz en la tribuna conoce a la perfección aquello que enuncia y adquiere una dimensión mayor cuando la oposición hace ver los errores cometidos, mismos que buscan ser enmendados sobre la marcha para evitar el desastre de un capricho, como llamó la diputada Mercedes Guillén Vicente a la acción de aplazar la elección judicial.
Desde luego, los argumentos presentados tanto por ella como por sus compañeros y su compañero de las otras fracciones opositoras solo se escucharon en la tribuna, porque, como legisladoras, tenían el derecho de fijar su postura; sin embargo, la retroalimentación de quienes favorecieron la aprobación de la minuta de reforma judicial enviada por el Congreso de la Unión no existió.
Solo se puso a consideración del Pleno Legislativo y se realizó la votación, que fue de 25 a favor y siete en contra, como ya sucedió en otros congresos de los estados, para que una reforma judicial más permita postergar la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, permanecerán en el cargo hasta 2028, con la posibilidad de reelegirse y extender su permanencia hasta 2036.
La participación de la diputada del PRI, Guillén Vicente, dio pie a infinidad de comentarios de los asistentes a la sesión pública y, al mismo tiempo, a un gran silencio de quienes debieron rebatirla, situación que evidenció la impreparación de los regeneracionistas más entrones para desechar los argumentos de la priista.
Ante ello, hizo ver que la fracción regeneracionista del Congreso de Tamaulipas pudo percatarse de los líos operativos y jurídicos de la reforma judicial hecha a la carrera, y ahora debe enfrentar las consecuencias, que no son otra cosa que posponer la elección judicial pendiente, la cual debería llevarse a cabo en 2027, el mismo día que las elecciones locales de las entidades y la federal para renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Por su lado, la diputada de Movimiento Ciudadano señaló que la minuta implica una nueva reforma electoral, dado que va más allá de los asuntos judiciales y está orientada a que el partido en el poder permanezca por muchos años. Agregó que existen dudas, observaciones o vacíos legales sobre la forma de configurar las candidaturas.
El debate fue bueno, de altura y aleccionador, aunque se haya dado solo del lado opositor. Por tanto, aquello que tenía que decirse se dijo, en el entendido de que el propósito de la sesión pública del Congreso del Estado, celebrada el último día hábil de mayo, se cumplió al sacar la minuta enviada por la Legislatura Federal.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados dio la pauta para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que se encargará de detectar vínculos de aspirantes con quienes viven al margen de la ley y pretendan participar en los procesos electorales.
Se trata de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establecen que ahora se dará cuenta de una evaluación de riesgo voluntaria y solo informativa, sin que sea un requisito para registrar candidaturas. Sin embargo, la Comisión recibirá las listas de aspirantes y las cotejará con dependencias dedicadas a la seguridad pública y a la investigación policial, judicial y financiera, mismas que podrán determinar la existencia de un riesgo razonable.
Allá en la Cámara de Diputados también la oposición expresó múltiples críticas y acuñó frases en contra de la bancada regeneracionista, la cual logró más de 270 votos para sacar adelante esa reforma.
Los otros
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia abrió la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para que participen con proyectos en el programa Lazos de Bienestar, cuya finalidad es fortalecer la asistencia social para el bienestar de las familias tamaulipecas.
De acuerdo con información de la institución que dirige la doctora María de Villarreal, pueden participar todas las organizaciones que desarrollen iniciativas orientadas a favorecer a personas, grupos o poblaciones de atención prioritaria y que coincidan con los ejes estratégicos del programa.
Los proyectos deberán llevarse a cabo en los polígonos estructurados por el DIF en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Mante, Tula y San Fernando, en los cuales las actividades podrán referirse a asuntos ambientales, sociales y económicos, con la participación activa de los habitantes de las comunidades.
Los proyectos ganadores, de acuerdo con las bases de la convocatoria, recibirán respaldo financiero para su ejecución de hasta un cuarto de millón de pesos, en el entendido de que las organizaciones participantes deben contar con autorización como donatarias y conservar su deducibilidad durante el periodo de ejecución del proyecto.
Asimismo, deberán disponer de un órgano de gobierno debidamente conformado y una misión alineada con los ejes de acción de Lazos de Bienestar.
Es una forma de hacer comunidad y de apoyar al desarrollo de personas, familias y la comunidad en sí; por ello, se espera que la respuesta a la convocatoria del DIF sea positiva.
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