Ciudad de México (21 de mayo de 2026).- La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma electoral para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Esta iniciativa surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con el narcotráfico.
La propuesta, explicada durante la conferencia matutina por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, plantea establecer este organismo dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) de cara a los comicios de 2027. La mandataria federal reconoció que desde el inicio de su administración se han detectado casos de autoridades locales presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada.
La iniciativa se presentará aprovechando el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, donde también se discutirá la reforma para posponer la elección judicial hasta el año 2028.
Funcionamiento de la comisión
El mecanismo de control operará bajo las siguientes bases institucionales:
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Integración: Estará conformada por cinco consejeros electorales, elegidos por el Consejo General del INE, quienes permanecerán tres años en funciones.
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Cooperación institucional: Funcionará como enlace entre los partidos políticos y dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Evaluación de riesgo: Las dependencias analizarán si existe un “riesgo razonable” de vínculos criminales sin revelar expedientes ni detalles de investigaciones vigentes.
Participación y confidencialidad
Los partidos políticos participarán de manera voluntaria al entregar sus listas de aspirantes, aunque los precandidatos seleccionados estarán obligados a aceptar la evaluación. Las autoridades comunicarán el diagnóstico a las organizaciones políticas, pero la decisión final de registrar o retirar la candidatura corresponderá exclusivamente a cada partido.
Todo el procedimiento y la información de inteligencia recabada mantendrán un carácter confidencial y reservado para salvaguardar el debido proceso.
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