Ciudad de México (20 de mayo de 2026).- Las repercusiones del ordenamiento federal para la legalización de unidades automotrices extranjeras mantienen en alerta al sector empresarial de la franja norte del país. De acuerdo con los pronunciamientos de los representantes de las cámaras de comercio locales, las facilidades otorgadas propiciaron un escenario de competencia desleal que derivó en la quiebra masiva de lotes establecidos y agudizó los problemas de tránsito, seguridad y contaminación ambiental en urbes como Ciudad Juárez y Tijuana.
El impacto económico directo afectó a los comercializadores regulados de vehículos usados procedentes de Estados Unidos. Los registros del sector privado indican que la proliferación de puntos de venta informales propició el cierre de más de 300 establecimientos formales en la región fronteriza durante el transcurso de los últimos ocho años, sobreviviendo en la actualidad un margen de apenas 40 a 50 negocios debidamente registrados en el municipio de Tijuana.
Alteración del mercado y fallas operativas
Los dirigentes empresariales explicaron que el mecanismo legal sufrió desviaciones operativas que rebasaron el propósito de asistencia social con el que se diseñó originalmente. Iván Pérez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Ciudad Juárez y de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Fecomex), detalló las inconsistencias detectadas en la aplicación de las reglas de internamiento:
“El decreto se torció y se empezó a utilizar de manera indebida como un mecanismo de nacionalización masiva de vehículos”
“Son vehículos de muy mala calidad, se usan uno o dos años y luego terminan en los yonkes (deshuesadero)”
“Eso también genera contaminación y cementerios de autos”
Por su parte, Olivaldo Paz, titular de la Canaco en Tijuana, cuestionó la efectividad del “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera”, cuya vigencia formal abarcó desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2025. El representante comercial denunció que el esquema estimuló la venta de unidades en la vía pública sin controles fiscales, afectando la movilidad urbana.
“Fue una situación populista. En Tijuana siguen entrando autos sin importar adecuadamente. Hay zonas donde puedes ver más de mil vehículos en venta y difícilmente uno está importado legalmente”
Recaudación fiscal y prórroga jurídica
Los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecen que la medida permitió la regularización de un universo total de 2 millones 987 mil 839 vehículos durante los más de cuatro años en que permaneció activa. El cobro de una tarifa fija de 2 mil 500 pesos por cada trámite procesado generó un ingreso para el erario público federal de aproximadamente 7 mil millones de pesos.
A pesar de que el plazo original concluyó a finales del año pasado, el proceso sumará un volumen adicional de unidades antes de que termine el presente año 2026. Organizaciones civiles, entre las que destaca la Asociación Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), promovieron y obtuvieron un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta resolución judicial faculta a las autoridades competentes a otorgar una extensión del periodo de regularización, permitiendo que los poseedores de vehículos que mantengan trámites pendientes o inconclusos formalicen la legalización de sus unidades. El plazo límite fijado por el tribunal vence en el mes de septiembre próximo, previéndose la incorporación de cerca de 80 mil automóviles que se encuentran bajo este estatus legal provisional.
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