Ciudad de México (20 de mayo de 2026).- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión abordará este jueves la propuesta del Ejecutivo federal orientada a reprogramar el proceso electoral de ministros, jueces y magistrados. El planteamiento contempla recorrer la jornada de votación del año 2027 al 2028, una medida que los legisladores de la bancada de Morena calificaron como un ajuste técnico indispensable y no como un retroceso de la reforma constitucional promulgada originalmente en septiembre de 2024.
La iniciativa de enmienda, que se prevé dictaminar mediante la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras, implica aplazar la selección por voto popular de 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y aproximadamente tres mil puestos de la judicatura local distribuidos en 25 entidades federativas. Miembros del bloque mayoritario argumentaron que la saturación de los comicios intermedios previstos para 2027 ponía en riesgo la operatividad del sistema democrático.
Justificación técnica ante la complejidad logística
De acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional Electoral (INE), el calendario de 2027 contempla la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, ayuntamientos y legislaturas estatales. Integrar las boletas judiciales en esa misma fecha representaba una complicación metodológica severa tanto para el funcionariado de casilla como para los ciudadanos al momento de emitir y contabilizar los sufragios debido al elevado número de aspirantes.
El legislador Emmanuel Reyes Carmona precisó que modificar los tiempos establecidos obedece a un análisis riguroso de las condiciones reales del país, desestimando los reclamos del PRI y del PAN respecto a una supuesta inoperancia del marco legal vigente.
“no puede, en forma alguna, considerarse una confesión de fracaso de la reforma”.
“es un reconocimiento responsable de la enorme complejidad técnica, logística y constitucional que implica transformar el sistema de justicia en México”.
“es que se entendió que una elección judicial mal organizada podría afectar seriamente la legitimidad del nuevo modelo. Y en temas institucionales, corregir a tiempo suele ser más responsable que aferrarse a un calendario políticamente conveniente”.
Perfeccionamiento del método y reducción de aspirantes
La reestructuración del dictamen busca disminuir la cantidad de nombres que aparecerán impresos en la papelería electoral, con el fin de simplificar el ejercicio democrático. El proyecto que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone elevar a rango constitucional los criterios de profesionalización, haciendo los filtros de selección más estrictos y transparentes para asegurar perfiles capacitados en los tribunales.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara remarcó que el principio rector de democratizar el Poder Judicial se mantiene intacto, realizándose únicamente adecuaciones de forma para robustecer la confiabilidad ciudadana en el mecanismo.
“Estamos institucionalizando un modelo nuevo tras la primera prueba real. Se mantiene la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, pero con mejores reglas que vamos a discutir en un periodo extraordinario en los próximos días”, señaló.
Finalmente, el ala legislativa oficialista reconoció que los señalamientos de los partidos de oposición evidencian que el diseño inicial del estatuto requería un periodo de maduración operativa más amplio en sus fases técnicas. No obstante, puntualizaron que la controversia actual ya no se centra en la cancelación del método electivo, sino en definir las normativas específicas que garanticen su adecuada viabilidad y funcionalidad institucional.
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