Monterrey, Nuevo León (20 de mayo de 2026).- El desglose de los movimientos financieros del sector público en el norte del país muestra una dinámica de transferencias que coincide de forma directa con los depósitos emitidos a contratistas estatales. Registros de operaciones bancarias confirman la velocidad con la que el capital gubernamental se desplazaba hacia cuentas particulares, abriendo una vertiente en las indagatorias federales sobre el manejo del erario.
A pesar de las declaraciones emitidas por el gobernador Samuel García Sepúlveda en sus plataformas digitales durante su gira por Europa, donde descartó de manera sistemática cualquier anomalía en el financiamiento de su firma legal, las pruebas documentales recopiladas detallan la sincronía horaria de las transacciones. El esquema bajo escrutinio judicial involucra de forma directa al bufete Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad del mandatario y de su padre.
Trazabilidad de los depósitos exprés
Los expedientes bajo análisis, integrados a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), exponen que los recursos de la Tesorería del Estado llegaban de forma indirecta al negocio de la familia García en lapsos que oscilaban entre las dos y las tres horas. Esta conducta se documentó formalmente en al menos tres ocasiones específicas ocurridas entre los años 2021 y 2023.
La triangulación utilizaba como primer eslabón a Suministro MYR, la empresa encargada de proveer raciones alimenticias a los centros penitenciarios y corporaciones de policía de la entidad, misma que ha facturado un monto superior a los mil 400 millones de pesos a la actual gestión emecista.
La cronología de las operaciones financieras del caso se desglosa bajo los siguientes parámetros técnicos:
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Noviembre de 2021: A las 12:01 horas, el Estado envió 22.2 millones de pesos a MYR en Banco Santander; de inmediato, la proveedora remitió 10 millones de pesos a su compañía filial, Proveedora de Productos Mexicanos Jace, la cual, a las 14:19 horas (2 horas y 18 minutos después), depositó 8.5 millones de pesos a la cuenta del despacho en Inbursa.
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Diciembre de 2022: La Tesorería pagó 33.8 millones de pesos a MYR a las 13:42 horas; la firma derivó 10 millones 5 mil pesos a Jace, y esta última transfirió 10 millones de pesos a la firma del mandatario a las 16:52 horas, completando el flujo en 3 horas y 10 minutos.
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Octubre de 2023: El gobierno depositó 26.6 millones de pesos a MYR y el ciclo concluyó en 3 horas y 44 minutos con una transferencia final de 8 millones de pesos de Jace hacia el bufete jurídico.
Un cuarto movimiento bajo sospecha se registró en junio de 2023, donde el Estado liberó 35.3 millones de pesos y, tras un intervalo de cuatro días, la cuenta de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados percibió un ingreso de 8 millones de pesos siguiendo la misma ruta corporativa.
Pauta digital y sofisticación del modelo
Las indagatorias ministeriales ligan este esquema de dispersión con el financiamiento de la imagen pública del mandatario. El bufete de los García canalizó un acumulado de 81.6 millones de pesos, concentrados prioritariamente en un lapso de 16 meses, para costear campañas de promoción en las plataformas Google y YouTube mediante la empresa Nauka Comunicación Estratégica, entidad comercial que paralelamente funge como contratista del aparato estatal.
Fuentes cercanas a las pesquisas de la federación identifican a las empresas MYR, Jace y Nauka como componentes estructurales de este modelo financiero. Asimismo, los reportes más recientes indican que para el año 2024 las operaciones evolucionaron hacia un formato de mayor complejidad jurídica, incorporando procesadoras de pagos electrónicos y una firma establecida en el estado de Texas, vinculada familiarmente con Miguel Flores, secretario general de Gobierno, con el objetivo de obstaculizar el rastreo de los activos.
Ante la acumulación de datos financieros presentados ante la opinión pública, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un pronunciamiento durante el cierre de su conferencia matutina del martes para demandar el esclarecimiento total del caso, instruyendo que los presuntos desvíos cometidos por la administración neolonesa sean investigados de manera exhaustiva por las instituciones judiciales pertinentes.
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