El reparto de utilidades, denominado formalmente Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho constitucional establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta disposición obliga a las empresas y empleadores a distribuir entre su personal una parte de las ganancias generadas durante el año fiscal anterior.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), el derecho aplica para empleados de planta y eventuales que hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año previo. El beneficio incluye también a trabajadores en servicio activo, personas con incapacidad temporal, mujeres en licencia de maternidad y hombres en permiso de paternidad.
Fechas límite para el pago de la PTU
Los plazos legales para recibir esta compensación económica varían según el tipo de régimen fiscal del empleador:
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Personas morales (Empresas): El periodo de pago comprende del 1 de abril al 30 de mayo.
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Personas físicas (Patrones individuales): El plazo se extiende del 1 de mayo al 29 de junio.
Fórmulas de cálculo y topes legales
El monto total de la PTU se determina mediante dos variables equitativas:
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Primera mitad: Se distribuye en proporción a los días trabajados por cada empleado en el año.
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Segunda mitad: Se asigna de manera proporcional según el salario percibido por el trabajador.
La legislación laboral vigente fija un límite máximo para el cobro de esta prestación. El monto final no puede superar el equivalente a tres meses de salario del trabajador o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, seleccionando siempre la cifra que resulte más alta y benéfica para el empleado.
Plazos de reclamación y asesoría legal
Los trabajadores que no reciban el pago correspondiente dentro de los periodos señalados disponen de un año de plazo legal para reclamar el cumplimiento de esta obligación patronal.
La PROFEDET coordina canales oficiales de orientación y asesoría jurídica gratuita para resolver dudas, brindar acompañamiento legal o iniciar procesos de inconformidad ante las autoridades del trabajo.
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