Ciudad de México (19 de mayo de 2026).- El Gobierno federal presentó ante el Poder Legislativo una iniciativa de reforma constitucional encaminada a reorganizar el calendario electoral del país. El planteamiento central del Ejecutivo consiste en postergar la segunda etapa de la elección de juzgadores hasta el año 2028. El objetivo de este movimiento técnico es unificar dicha jornada con el proceso de consulta para la revocación de mandato de la titular del Ejecutivo, permitiendo que ambas votaciones se desarrollen de manera simultánea.
La planeación logística estipula que la ciudadanía acuda a las urnas el domingo 4 de junio de 2028 para participar en ambos ejercicios institucionales. En caso de ser ratificada por las cámaras de diputados y senadores, esta modificación normativa implicará que las mesas directivas de casilla y la infraestructura electoral se compartan para desahogar las dos consultas el mismo día. La medida afectaría directamente la renovación de la mitad restante de las plazas del Poder Judicial de la Federación que no se sometieron a votación durante el proceso inicial de 2025.
Argumentos operativos frente a posturas de la oposición
Desde la perspectiva de la Presidencia de la República, la concurrencia de las fechas responde estrictamente a un criterio de facilitación para el electorado, buscando que el proceso de votación sea menos complejo en las casillas. Respecto a los detalles del procedimiento, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló las especificaciones del marco normativo:
“La elección de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato en el caso de que la revocación de mandato fuera solicitada conforme al artículo 35 constitucional”
No obstante, las reacciones en el ámbito partidista surgieron de inmediato. La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un posicionamiento donde señaló que, si bien el aplazamiento mitiga algunos de los focos rojos detectados originalmente en la reforma al Poder Judicial, el esquema diseñado por el partido oficialista sigue arrastrando inconvenientes significativos. De acuerdo con el partido opositor, el formato mantiene al sistema de justicia bajo presiones de carácter político y electoral, advirtiendo riesgos latentes relacionados con la movilización de estructuras partidistas, el uso de guías de votación, la difusión de propaganda gubernamental y la injerencia de actores políticos en un ámbito que debería salvaguardar su independencia.
Antecedentes y definiciones pendientes
Esta propuesta representa el segundo intento de la actual administración por ajustar los tiempos de la consulta de revocación. Durante el pasado mes de marzo, fracasó un proyecto previo que pretendía adelantar dicho ejercicio al año 2027 para hacerlo coincidir con los comicios federales intermedios, al no alcanzar el consenso necesario para modificar la Carta Magna.
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