Ciudad de México (18 de mayo de 2026).- El patrimonio público federal mantendrá bajo su propiedad los dos inmuebles que albergaron la sede central de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el Paseo de la Reforma. El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) formalizó un acuerdo que revoca la autorización previa para desincorporar y comercializar dichas estructuras, localizadas en los números 211 y 213 de la colonia Cuauhtémoc, una de las demarcaciones con mayor valor inmobiliario en la Ciudad de México.
La determinación oficial ocurre después de que el Gobierno federal implementara seis procesos de subasta pública entre los años 2020 y 2024. Ninguno de los intentos administrativos logró concretar la venta de los edificios, los cuales presentan daños estructurales derivados del sismo de septiembre de 2017. #CDMX #PGR #Indaabin
Desvalorización y cargas financieras
El desinterés del sector privado se mantuvo a pesar de las reducciones consecutivas en el valor de salida de los complejos. Durante la primera convocatoria emitida en mayo de 2020, las autoridades fijaron un precio inicial de mil 396 millones de pesos. Para el último concurso de diciembre de 2024, la cifra disminuyó a 934 millones de pesos, lo que representa una caída real del 63 por ciento al ajustar el cálculo con la inflación.
Los inmuebles acumulan una superficie de construcción conjunta de 35 mil 882 metros cuadrados y se asientan sobre un terreno de 2 mil 839 metros cuadrados. El pliego de condiciones obligaba al inversionista adquirente no solo a costear las obras de rehabilitación estructural para habilitar oficinas operativas, sino también a liquidar los adeudos pendientes por concepto de impuesto predial, suministro de agua y energía eléctrica. #FinanzasPúblicas #BienesRaíces
Futuro institucional y antecedentes legales
La reactivación de los espacios dependerá de los recursos de la administración pública. El Indaabin determinó redefinir el destino de los bienes mediante el Acuerdo 44/2025 CAI, emitido el 11 de diciembre de 2025 por su Comité de Aprovechamiento Inmobiliario, orientando las acciones hacia el uso productivo de los activos del Estado. Aunque el documento omitió detallar un plan de inversión específico, la normativa vigente permite que cualquier dependencia federal solicite la asignación de los inmuebles, siempre que posea la suficiencia presupuestal para solventar las reparaciones y los pasivos financieros. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya había recibido la asignación de estas oficinas en 2021, sin que se registrara un uso efectivo antes de que se devolvieran al catálogo de subastas en febrero de 2024.
Los predios en cuestión arrastran un historial de litigios jurídicos que data del inicio del periodo gubernamental previo. La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció acciones penales contra exservidores públicos del Indaabin a raíz de una concesión otorgada el 26 de noviembre de 2018 a la firma Corporación Inmobiliaria Ejército, propiedad del empresario Daniel Araf Hop, la cual estipulaba un periodo de explotación de 32 años.
El conflicto escaló el 15 de marzo de 2019, cuando la FGR reclamó formalmente la restitución de seis propiedades evacuadas tras el temblor de 2017, argumentando que los edificios de Paseo de la Reforma formaban parte de los activos del órgano autónomo y no del Ejecutivo federal. La negativa inicial del instituto, sustentada en la vigencia del contrato de concesión, originó la carpeta de investigación penal contra los funcionarios emisores y el particular beneficiario.
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