Como unas verdaderas “Chimoltrufias”, con todo respeto para el personaje, se vieron los Secretarios de Educación de las treinta y dos entidades Estatales y el Secretario Federal.
Todo empezó por la ocurrencia del pasado 7 de mayo donde el secretario de Educación Pública Mario Delgado, anunció- por acuerdo unánime de la Conaedu- (Consejo Nacional de Educación) el fin del ciclo escolar se adelantaría del 15 de julio al 5 de junio, con el “argumento” de una fuerte ola de calor y el arranque del Mundial de Fútbol 2026.
Un día después la presidenta de México aclaró que el adelanto del ciclo escolar era solo una propuesta y que el cierre todavía no era una decisión tomada.
Horas después empezaron a surgir una serie de críticas y la negativa de los Estados de Nuevo león, Jalisco y Guanajuato.
Ese mismo día más tarde Mario Delgado publica un video mencionado que la Conaedu se iba a reunir el lunes 11 de mayo y formular una propuesta definitiva.
El lunes la Conaedu rectifica y menciona que el calendario se mantiene tal y como ya estaba estipulado desde el inicio del ciclo escolar. Como decía el personaje aludido “pos ya sabes que yo como digo una cosa digo otra.”
El problema es muy grave. México viene arrastrando un rezago educativo desde la pandemia COVID 19.
Para poner en contexto el último año antes de la pandemia la cobertura escolar en educación básica era del 95% ahora según las cifras del año 2025 pasó al 89%. La tasa de escolarización (niños que están estudiando) en niños de tres a catorce años paso del 94 al 88% actual.
A nivel secundaria la tasa de finalización de estudios era del 88% después del COVID pasó al 84%. La tasa de escolarización entre jóvenes de 12 a 14 años antes del covid19 era del 84% ahora paso al 82%.
Estos indicadores que deberían ser la pauta de los funcionarios educativos, pero fueron ignorados.
Adelantar las vacaciones, no era una decisión menor; por el contrario, es una acción que aumenta la brecha educativa.
La decisión inicial no solamente exhibió su desconocimiento, también dejó en claro que lo último que les importa es la educación de los niños, niñas y adolescentes del país, además de vulnerar las leyes general de educación y ley general de los niños, niñas y adolescentes las cuales mencionan en su artículo segundo que todas las acciones que se tomen sobre la cuestión educativa deben considerar de manera primordial el interés superior de la niñez, es decir, todas las acciones deben ser en beneficio de los estudiantes.
Lo más preocupante es que el sistema educativo nacional está en manos de una burocracia que tiene un profundo desconocimiento del tema educativo y peor aún están alejados de la realidad educativa de millones de niños, niñas y adolescentes, comprometiendo con sus acciones el futuro de millones de estudiantes, que no necesitan más vacaciones sino una educación de calidad, universal e inclusiva.
Esos relevantes principios están en el artículo tercer constitucional. Tal vez cumplir con la ley tampoco les importe.
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