Ciudad de México (13 de mayo de 2026).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) confirmó la aplicación de medidas disciplinarias contra cuatro antiguos servidores públicos tras acreditarse faltas administrativas graves. Las resoluciones, derivadas de investigaciones de los Órganos Internos de Control (OIC), incluyen inhabilitaciones para trabajar en el sector público y multas financieras.
Castigos por sustracción de recursos en Banbien
En el caso del Banco del Bienestar (Banbien), las autoridades determinaron que Juan “D”, quien se desempeñaba como subjefe de área, y Orlando “P”, ex auxiliar de sucursal, participaron en la extracción de aproximadamente 275 mil pesos pertenecientes a cuentas de beneficiarios de programas sociales. Por este motivo, ambos recibieron una inhabilitación de 10 años y una sanción económica.
A estas medidas se suma la situación de Marco “M”, ex asistente administrativo de la misma institución bancaria. El tribunal le impuso una restricción de 10 años para ocupar cargos públicos tras comprobarse que realizó conciliaciones utilizando datos falsos.
“Las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (Banbien) permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por cuatro ex servidores públicos”, señaló la dependencia.
Irregularidades en el SAT y estatus legal
El informe de la SABG también incluye a Víctor “R”, ex subadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT. Este exfuncionario fue inhabilitado por el periodo de un año tras detectarse una asignación anómala de citas para trámites. De acuerdo con el expediente, se utilizaron datos personales de ciudadanos que no contaban con un registro previo en el portal oficial de la entidad tributaria.
“Como resultado de estas investigaciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso inhabilitaciones de hasta por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas”.
Es importante señalar que estas determinaciones administrativas no se consideran definitivas. La Secretaría aclaró que los señalados mantienen su derecho a impugnar las resoluciones mediante los recursos legales correspondientes.
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