Ciudad de México (11 de mayo de 2026).- Una investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un esquema de lavado de dinero que involucra la movilización de 9 mil 631.8 millones de pesos. El monto, acumulado en menos de tres años, posiciona este expediente como uno de los tres casos de blanqueo de activos más cuantiosos judicializados en la última década en México.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó que las operaciones se concentraron en dos periodos: del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019. Durante estos lapsos, se registraron 17 mil 566 depósitos y 55 mil 644 retiros, estos últimos sumando 9 mil 629.4 millones de pesos destinados a diversas personas físicas y morales.
Operaciones mediante empresas fachada
El núcleo de la indagatoria se centra en las razones sociales Optimización Dalga, Lovies y OHAT, las cuales fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). A pesar de los altos flujos de efectivo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que ninguna de estas entidades contaba con permisos para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero.
“No se encontró ninguna entidad financiera bajo las denominaciones Optimización Dalga, Lovies, OHAT y Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería, no existe ningún antecedente o autorización”.
De acuerdo con los registros notariales de 2015, las compañías fueron establecidas en la Ciudad de México y el Estado de México. En la estructura legal de las tres firmas destaca el nombre de Vicente Estrada Viveros, quien figura como apoderado o accionista. Otros nombres vinculados al proceso incluyen a Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal, Rafael Solano López, Claudia Guzmán Salazar, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila.
Relevancia judicial y magnitud financiera
La cuantía de los recursos bajo sospecha es comparable con el presupuesto anual de dependencias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores (9 mil 294 millones de pesos) o la Secretaría de Gobernación (9 mil 959 millones de pesos).
Este caso solo es superado en magnitud por el proceso contra Juan Carlos Minero Alonso, de Black Wallstreet Capital, por 15 mil millones de pesos, y supera al expediente de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, relacionado con el Cártel de Sinaloa, por 6 mil 119 millones de pesos. Actualmente, la FGR se encuentra a la espera de la audiencia inicial para imputar formalmente a los seis sospechosos identificados en la red.
Discussion about this post