El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) realizó una jornada de asesoría y seguimiento procesal en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira. Durante la actividad, personal especializado atendió a 110 personas privadas de la libertad con el objetivo de garantizar una representación técnica eficiente y agilizar sus trámites judiciales.
La directora general del instituto, Roxana Guerrero Galván, encabezó la supervisión junto a la Coordinación Regional de Tampico. La funcionaria explicó que estas brigadas permiten verificar personalmente el estado de los expedientes, asegurando que cada interno cuente con una defensa adecuada y gratuita, conforme a los principios de legalidad vigentes en el estado.
Revisión procesal y atención personalizada
La jornada se centró en la revisión integral de los procedimientos judiciales. Los defensores públicos brindaron atención individualizada para resolver dudas sobre el estatus de las causas penales y acelerar los procesos de quienes cumplen con los requisitos para beneficios o resoluciones pendientes.
Guerrero Galván subrayó que la presencia del instituto en los centros de reclusión es clave para certificar que el sistema de justicia opere con transparencia. “Nuestra función es garantizar que la justicia y la dignidad lleguen a cada rincón de Tamaulipas”, afirmó la titular del IDPET.
Alcance de la Defensoría Pública en Tamaulipas
Esta acción se alinea con la política estatal de Américo Villarreal Anaya, que prioriza el acceso universal a la justicia. Al mantener una atención permanente en los centros de justicia y reclusión, el Gobierno de Tamaulipas busca reducir el rezago procesal y fortalecer la seguridad jurídica de los sectores más vulnerables dentro del sistema penal.
Con este despliegue en la zona sur, el IDPET reafirma su compromiso de ofrecer una representación jurídica técnica que contribuya a la reinserción social y al cumplimiento estricto del marco legal en la entidad.
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