Ciudad de México (7 de mayo de 2026).- El Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán otorgó una suspensión de plano a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, medida que paraliza cualquier intento de aprehensión con fines de extradición. La resolución, firmada por el juez Rafael Linares Rivera bajo el expediente 539/2026, blinda al general en retiro contra órdenes de localización, aseguramiento o detención provisional.
Esta protección legal se mantendrá vigente al menos hasta el próximo 1 de junio, fecha establecida para la audiencia constitucional donde se definirá el fondo del juicio de garantías. El fallo ocurre en un contexto de alta presión diplomática, dado el interés de autoridades extranjeras por procesar al exfuncionario.
Acusaciones en la Corte de Nueva York
Mérida Sánchez es un objetivo prioritario para la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputa cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas exclusivas del Ejército. Según las investigaciones estadounidenses, el exmando habría recibido pagos mensuales de 100 mil dólares para proteger operaciones de la facción de “Los Chapitos” entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
La fiscalía extranjera sostiene que, durante su gestión, el militar alertaba sobre operativos en laboratorios de drogas y evitaba la captura de integrantes del Cártel de Sinaloa. De ser hallado culpable en aquel país, la sentencia podría oscilar entre los 40 años de cárcel y la cadena perpetua.
“Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional”.
Crisis institucional y licencias en Sinaloa
La gestión de Mérida Sánchez concluyó abruptamente en diciembre de 2024, tras un periodo de 100 días de violencia intensa en Sinaloa provocada por pugnas internas de grupos delictivos. Su salida coincidió con una serie de movimientos en la estructura gubernamental del estado derivados de los señalamientos internacionales.
El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, solicitaron licencias temporales para apartarse de sus funciones mientras avanzan las indagatorias. A este escenario se sumó la separación del cargo del vicefiscal general, Dámaso Castro Saavedra, también señalado por el gobierno estadounidense de recibir sobornos para otorgar protección institucional a células criminales.
Otros funcionarios bajo investigación
El expediente internacional no se limita a la cúpula de seguridad. La lista de señalados incluye a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, así como a mandos operativos de la policía estatal. Entre ellos destaca Juan Valenzuela Millán, a quien se le atribuye presunta participación en el secuestro de un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA).
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