Washington, Estados Unidos (7 de mayo de 2026).- El sistema judicial de inmigración de Estados Unidos enfrenta una profunda transformación administrativa. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, anunció en Phoenix una estrategia para remover a los jueces que registren demoras excesivas o que no se apeguen estrictamente a la normativa legal. Esta medida busca desahogar el acumulado de 3.7 millones de casos pendientes, permitiendo que la agenda de repatriación de la administración de Donald Trump avance con mayor fluidez.
A diferencia del sistema judicial federal, los tribunales de inmigración operan bajo la jurisdicción directa del Departamento de Justicia. Esta estructura permite que el titular de la dependencia pueda prescindir de los juzgadores sin los obstáculos habituales de los nombramientos vitalicios.
“Uno presta juramento y no se le permite tomar decisiones basadas en lo que parece que te gusta o por capricho. Si hay jueces que simplemente no están aplicando la ley de la manera en que debe aplicarse, retrasando de forma indebida, con atrasos que son simplemente inaceptables, esas son las personas para las que vamos a tratar de encontrar a alguien más para que ocupe ese puesto”.
Estrategia de deportación y vigilancia interna
La depuración de los tribunales es solo una pieza de un esfuerzo gubernamental más amplio. El segundo mandato de Trump ha intensificado las operaciones en núcleos urbanos, expandido la capacidad de los centros de detención y aumentado el reclutamiento de agentes especializados. La presencia de Blanche en la Exposición de Seguridad Fronteriza subraya que la gestión migratoria es ahora una prioridad transversal para todo el gabinete.
Además de los cambios en el personal judicial, el Departamento de Justicia ha instruido a los jueces a alinearse con los planes federales mediante memorandos oficiales. En las salas de audiencia, se ha reportado la presencia de agentes con el rostro cubierto para proceder con arrestos de migrantes durante sus citas de rutina.
Reclutamiento acelerado y medidas de desnaturalización
Tras la salida de Pam Bondi el mes pasado, el Departamento de Justicia ha utilizado fondos aprobados por el Congreso para contratar nuevos magistrados de forma expedita. Ante los señalamientos de sectores críticos sobre una posible baja en los estándares de selección, Blanche defendió la rigurosidad de las entrevistas y el seguimiento que se dará a los nuevos integrantes.
Paralelamente, la dependencia ha activado con vigor la revocación de ciudadanías, un proceso conocido como “desnaturalización” que se aplica a individuos sospechosos de haber defraudado al sistema. Blanche calificó esta vía como una herramienta agresiva que no fue aprovechada en administraciones anteriores.
Por otro lado, organizaciones como la American Immigration Lawyers Association han cuestionado este giro operativo, señalando un posible debilitamiento de las garantías procesales en favor de la rapidez.
“Lamentablemente, el Gobierno de Trump está desmantelando sistemáticamente las protecciones del debido proceso en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, priorizando la rapidez y la aplicación de la ley por encima de la equidad, la precisión y la justicia fundamental”.
A pesar de los reclamos, la administración sostiene que las decisiones judiciales deben estar libres de “empatía” personal para garantizar la objetividad y la celeridad que el sistema requiere actualmente.
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