Morelia, Michoacán (24 de abril de 2026).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ejecutó dos nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios públicos vinculados a los actos de violencia, tortura y homicidio calificado ocurridos en abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Con estas capturas, el número de personas bajo proceso asciende a siete, de un total de 16 mandamientos judiciales emitidos.
Los operativos de captura se realizaron de forma simultánea: Jesús Agustín N fue localizado en Morelia, mientras que Ricardo Romeo N fue aprehendido en el municipio de Uruapan. Tras su detención, ambos sujetos fueron presentados ante la autoridad jurisdiccional y permanecerán bajo la medida de prisión preventiva oficiosa hasta que se defina su situación jurídica.
A pesar de los avances técnicos y jurídicos de la investigación, la Fiscalía aún tiene pendientes nueve capturas. Entre los objetivos principales se encuentran el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Juan Bernardo Corona Martínez. Ambos exservidores públicos son considerados prófugos de la justicia por su presunta responsabilidad en la cadena de mando durante los hechos.
Se espera que este jueves 23 de abril, a las 10:00 horas, se reanude la audiencia para determinar si los últimos dos detenidos serán vinculados a proceso por su participación en la represión contra los comuneros.
El origen de la carpeta de investigación se remonta al 5 de abril de 2017. En esa fecha, habitantes de la comunidad purépecha y estudiantes de la Normal Indígena de Cherán mantenían una protesta que incluía la retención de aproximadamente 50 vehículos comerciales y autobuses.
En respuesta, la administración estatal ordenó un operativo de desalojo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos. El saldo de dicha intervención policial incluyó:
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Cuatro civiles fallecidos originarios de Arantepacua.
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30 personas detenidas durante el despliegue.
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Documentación de casos de tortura y maltrato físico contra mujeres y adultos mayores.
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Ejecución de cateos en domicilios particulares sin las autorizaciones legales correspondientes.
La FGE sostiene que las imputaciones actuales se basan en una investigación sólida que busca sancionar no solo el abuso de autoridad, sino el uso desproporcionado de la fuerza pública contra la población civil.
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