Ciudad de México (23 de abril de 2026).- Con una votación unánime de 396 sufragios, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación. Esta nueva normativa busca erradicar la informalidad en el campo mexicano y asegurar que las empresas que venden productos al extranjero cumplan estrictamente con el registro de sus trabajadores ante el IMSS y respeten las regulaciones de uso de suelo.
La reforma, que ya fue enviada al Ejecutivo para su promulgación, modifica tres ordenamientos clave: la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con estos cambios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) asume la facultad de emitir documentos que acrediten que las empresas no solo respetan los derechos de sus jornaleros, sino que también operan sin incurrir en la deforestación.
Vínculo entre comercio exterior y derechos humanos
La implementación de este certificado establece un estándar donde el éxito comercial en mercados internacionales dependerá directamente de la dignificación del empleo rural. La diputada Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión del Trabajo, subrayó que el sistema permitirá verificar que los productos de exportación se generen bajo normatividad laboral vigente, incluyendo contrataciones formales y condiciones de trabajo decentes.
“El objetivo es muy claro, lo que todos piden, la formalización; vincular las exportaciones agrícolas con el registro formal de trabajadores ante el IMSS”, explicó la legisladora.
El reto de la informalidad en el campo
La urgencia de esta medida se respalda en cifras críticas sobre la situación laboral en el sector primario. Durante el debate, la legisladora Patricia Mercado señaló que, mientras a nivel nacional la informalidad afecta al 55% de la población ocupada, en el ámbito agrícola esta cifra escala al 87%. Esto significa que casi siete millones de personas laboran sin acceso a servicios de salud ni prestaciones básicas.
El diagnóstico legislativo apunta a que nueve de cada diez jornaleros carecen de un contrato formal. Esta vulnerabilidad se agrava por los flujos migratorios internos, lo que históricamente ha dificultado la organización de los trabajadores para exigir sus derechos mínimos.
Competitividad y sostenibilidad ambiental
Además del enfoque social, la reforma integra candados contra el cambio de uso de suelo. El certificado servirá como una herramienta para prevenir la deforestación en terrenos forestales que carezcan de permisos oficiales para la actividad agrícola.
Desde la bancada del PAN, la diputada Genoveva Huerta destacó que contar con un estándar verificable de “cero deforestación” otorgará mayor certeza a los consumidores internacionales, elevando la competitividad de México. Sin embargo, enfatizó que la efectividad de la ley dependerá de la transparencia y capacidad operativa del Gobierno federal para vigilar su cumplimiento en las zonas rurales del país.
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