El secretario de Energía estatal, Walter Julián Ángel Jiménez, explicó que el conflicto surge cuando los ayuntamientos realizan cambios tecnológicos, como la sustitución de lámparas, sin notificar a la empresa, lo que provoca que continúen cobros con base en tecnologías anteriores, como el vapor de sodio.
Señaló que uno de los casos más representativos ocurrió en González, donde tras una revisión conjunta entre autoridades estatales y la CFE, se corrigieron los cargos a favor del Ayuntamiento.
Indicó que situaciones similares se presentaron en Reynosa y Xicoténcatl, mientras que en Altamira el caso continúa en análisis por luminarias no reportadas oportunamente.
El funcionario aclaró que el esquema de cobro no se basa en medición directa del consumo eléctrico, sino en convenios establecidos entre la CFE y los municipios, donde se fija un costo por cada luminaria instalada.
Advirtió que la falta de actualización en los registros puede derivar en cobros retroactivos de hasta 10 años, debido a la rigidez de la regulación vigente, lo que ha intensificado las diferencias administrativas entre ambas partes.
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