El martes 16 de junio, a través del comunicado 22/2020 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, hicieron público un crimen
atroz que todos los mexicanos debemos deplorar.
Se trata, del asesinato en el Estado de Colima y en su domicilio del Juez de
Distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas.
Lo cual, verdaderamente constituye un hecho que como sociedad debemos
lamentar.
Primero, por que se trata de la privación ilegítima de dos vidas humanas, lo
cual, además de un delito, siempre será una tragedia.
Pero también, porque el fallecido se trata de un Juez federal, es decir, de un
funcionario público que no es elegido por sufragio, que constantemente es susceptible
de ser calumniado y difamado pues su único pecado es el no encontrarse inmerso en la
política y, que al igual que la gran mayoría de su gremio alcanzó su puesto y
necesariamente se desempeñó cumpliendo con los principios constitucionales de
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que exige la
carrera judicial.
Lo anterior, realizando su noble e invaluable labor, con los únicos propósitos
de garantizar a todos los mexicanos el derecho humano de acceso a la justicia y
salvaguardar nuestra Constitución.
Ambas, cuestiones que en nuestros días resultan para quien aún no lo tenga
claro, prácticamente de procura existencial, pues implican la posibilidad efectiva del
ciudadano de movilizar el aparato judicial para la defensa de sus derechos e intereses y
además priorizando la interdicción de la arbitrariedad.
Así, el hecho de que nos hayan privado de un funcionario judicial no
constituye únicamente un agravio en derecho penal, sino que también implica una
vulneración total a la sociedad, pues precisamente para poder entablar una defensa
efectiva de nuestros derechos es indispensable contar con un tribunal (juzgador).
Nunca debemos perder de vista, que son nuestros jueces quienes en esta
sociedad constituyen el verdadero contrapeso contra la iniquidad e ignominia, pues
precisamente son quienes someten a los legisladores y autoridades a la legalidad.
De igual forma, son quienes definen cuestiones verdaderamente relevantes
para el País, cuando por irresolutos y timoratos los otros poderes no las quieren
abordar.
En este sentido, hoy aprovecho para recordar:
– Que fueron nuestros juzgadores quienes declararon inconstitucional excluir
a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social del IMSS.
– Que fueron nuestros juzgadores quienes resolvieron que las personas con
discapacidad tienen el derecho de estar, aprender y participar en las escuelas sin ser
discriminados, con todos los apoyos y ajustes razonables y que es obligación del
Estado hacer lo necesario para garantizarles la educación.
– Que fueron nuestros juzgadores quienes en principio reconocieron el
derecho de todas las personas a contraer matrimonio independientemente de su sexo.
– Que fueron nuestros juzgadores quienes han sometido a las autoridades de
salud a garantizar el servicio médico a quienes se los han negado.
– Que fueron nuestros juzgadores quienes condenaron a la autoridad a
indemnizar a quienes han sufrido un daño derivado de la actividad estatal irregular.
De ahí, que sea lamentable para todos los mexicanos la pérdida de un
miembro del poder judicial.
Finalmente, invito a todo aquel que hoy me lee, a reconocer el trabajo y velar
siempre por la integridad de los miembros del poder judicial, pues son precisamente
ellos quienes sin titubear en última instancia nos protegen de la arbitrariedad.
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