Las Propuestas

Se han venido presentando PROPUESTAS LEGISLATIVAS ante el Congreso de Tamaulipas, hechas por diferentes DIPUTADOS, así como por la TITULAR del Poder Judicial, las que, en comparativa, permiten advertir, bajo este ANÁLISIS, que hay de propuestas a propuestas. Ambas con efectos secundarios en lo financiero y ESTRATÉGICO, así como en el ámbito social y de impartición de JUSTICIA. De eso hablaré hoy en esta primera parte.

La tendencia en el CONGRESO DEL ESTADO, en materia de sanciones penales aplicables, si bien puede partir de una intención legítima de atención a la sociedad civil, también encuentra en la SEVERIDAD su argumento PRINCIPAL para aumentar penalidades en ciertos delitos. Esto incluye incluso la eliminación de la posibilidad de llevar el proceso EN LIBERTAD, incorporando figuras como la prisión preventiva justificada u oficiosa.

En términos generales, lo anterior implicaría incrementos relevantes en algunos delitos en Tamaulipas, que pasarían de 40 AÑOS hasta LOS 60 y 80 AÑOS DE PRISIÓN. Asimismo, delitos que anteriormente permitían salir bajo FIANZA, ahora podrían alcanzar hasta los 15 años dentro de esas penalidades. Estas propuestas serán analizadas, tras el periodo vacacional, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Tamaulipas, además de otras instancias técnicas para su dictaminación.

Un punto DE ANÁLISIS central es determinar si estas acciones realmente incorporan un reconocimiento efectivo a los DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, así como a una inversión ESTATÉGICA en política criminal de Estado. Esto, considerando los costos que, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, oscilan en hasta 580 PESOS diarios por persona recluida, equivalentes a 217 MIL 700 PESOS AL AÑO. Proyectado a 60 años, un solo REO representaría un costo para el ESTADO superior a 12 MILLONES DE PESOS durante toda su condena.

Este EJEMPLO trasciende las matemáticas simples y permite dimensionar el impacto en un presupuesto SEXENAL para cada administración ESTATAL, dependiendo de la población penitenciaria. Impacto que, inevitablemente, reduce la capacidad de inversión en otras estrategias.

Así, se configura un escenario en el que las penas de largo plazo cumplen, en teoría, con una sanción AUMENTADA; sin embargo, ello no garantiza, en la misma proporción, la REPARACIÓN del DAÑO ni la atención efectiva a la VÍCTIMA.

¿Entonces qué sería mejor?
El planteamiento, desde este análisis OBJETIVO, apunta a una disyuntiva: invertir en custodia LARGA o en reparación del daño a VÍCTIMAS, así como en otras acciones de Estado.

En ese sentido, el PRESUPUESTO PÚBLICO destinado al sistema penitenciario podría, en parte, canalizarse de manera DIRECTA a LAS VÍCTIMAS, mediante programas enfocados especialmente a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad, dentro de las circunstancias que les ha tocado vivir.

Otro EJEMPLO más directo sería considerar que con 17 MIL 400 PESOS mensuales se podrían cubrir desde alimentos hasta estudios para el hijo de alguna VÍCTIMA que quedó en estado de indefensión.

Esto implicaría fortalecer los PRINCIPIOS RECTORES DEL SISTEMA PENAL, particularmente la reparación del daño, como un reconocimiento tangible a las VÍCTIMAS. El PRESUPUESTO es el mismo; la diferencia radica en su orientación.

De igual forma, una parte de esos RECURSOS podría dirigirse ESTRATÉGICAMENTE a la PREVENCIÓN del delito, como una política de carácter transexenal que INCLUYA INFRAESTRUCTURA, desarrollo humano y campañas permanentes de concientización social.

Ambos ámbitos son susceptibles de LEGISLARSE desde ahora, alineados con una política del GOBIERNO FEDERAL orientada a quienes menos tienen y, en este caso, a las VÍCTIMAS, incorporando además estrategias y asignaciones presupuestales claras en materia de prevención.

Más allá de la disyuntiva entre aumentar penas o replantear su enfoque, el fondo del debate exige definir con claridad el rumbo de la política criminal: si se privilegia el castigo como respuesta inmediata o se apuesta por un modelo que, sin dejar de sancionar, atienda de manera efectiva a las VÍCTIMAS y fortalezca la PREVENCIÓN.

Hablando de otras propuestas:

Dentro de este conjunto de INICIATIVAS, destaca por su CONTRASTE la presentada en meses pasados por la Magistrada presidenta del Poder Judicial, TANIA CONTRERAS LÓPEZ, cuya intención se articula en tres vertientes: proteger la buena fe de los órganos jurisdiccionales, lo que implicaría un efecto de SUPERVISIÓN; fortalecer el respeto a los DERECHOS HUMANOS, priorizando el interés de los niños, niñas y adolescentes; y propiciar mayor claridad en la impartición de justicia en Tamaulipas. Esta propuesta resulta acorde a la temporalidad social y judicial que actualmente se vive.

Próximamente, parte II.

Hasta pronto.