La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Norma Angélica Pedraza Melo, informó ante el Congreso del Estado que la dependencia alcanzó una fiscalización del 96% de la muestra programada. Este ejercicio supervisó el destino de más de 36 mil millones de pesos correspondientes al gasto del Poder Ejecutivo durante el último ejercicio.
Durante la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Américo Villarreal Anaya, la funcionaria destacó que la estrategia estatal se divide en tres ejes operativos: prevención, detección y sanción de irregularidades administrativas.
Prevención y Ética Pública
En materia preventiva, el estado consolidó una cultura de integridad mediante la capacitación de más de 8,300 servidores públicos en temas de ética y transparencia. Además, se establecieron 50 códigos de conducta para estandarizar la actuación institucional.
Los avances incluyen:
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Instalación del 100% de los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) en dependencias estatales.
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Cumplimiento total de la muestra programada para revisión ética.
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Formalización de guías de actuación para el servicio público.
Detección: Tamaulipas en el Top 10 nacional
En el eje de detección, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) posicionó a Tamaulipas en el octavo lugar nacional en manejo responsable del gasto federalizado. El monto observado por la federación fue de apenas el 0.02% del total auditado, lo que refleja una disciplina financiera rigurosa.
Para fortalecer la vigilancia, la SABG implementó el sistema informático PRAS, que permite la atención de quejas y denuncias las 24 horas. A la fecha, se han procesado 1,150 denuncias ciudadanas, asegurando la trazabilidad de cada expediente.
Sanciones y responsabilidades administrativas
En cuanto a la facultad sancionatoria, la secretaría procesa actualmente 4,073 expedientes de presunta responsabilidad administrativa (EPRAS). De estos procesos, el 60% corresponden a irregularidades detectadas en la administración estatal anterior.
Como resultado de estos procedimientos jurídicos:
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142 personas han sido sancionadas.
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94 funcionarios han sido inhabilitados por faltas graves u omisiones en sus declaraciones patrimoniales.
Este modelo de rendición de cuentas busca erradicar la impunidad y asegurar que el ejercicio del poder en Tamaulipas se mantenga apegado al debido proceso y la legalidad.
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