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La Judas en Tam.

Por: Mario Vargas Suárez
abril 14, 2026
in Opinion
Descrédito
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Como cada Semana Santa la iglesia nos recuerda el papel de Judas Iscariote -apóstol de Jesús- cuando lo traicionó por 30 mendas de plata, cuando lo entregó a las autoridades para que fuera juzgado y sentenciado a muerte.

Históricamente podemos decir que llamamos ‘judas’ a quienes traicionan la confianza del semejante, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad que, a cambio de ciertos privilegios (monedas) venden hasta a su propia familia laboral, deportiva y no sería extraño a la consanguínea, con tal de verse favorecidas en algo.

En Tamaulipas como en el resto del país, también tenemos nuestros propios ‘judas’ y en el periodismo de la entidad ya surgió la figura de una comunicadora quien dice tener 25 años en la locución de radio que ahora, fuera del micrófono mediático y desde el audio del Congreso Local, pretende su decreto Mordaza.

Para muchos compañeros de la tinta y el micrófono la pretensión de la diputadita es de congraciarse con el ‘poder político’ actual, lanzando una iniciativa para amordazar a los compañeros del gremio con un simulado Colegio de Periodistas que en su fundamento se lee las limitaciones y hasta sanciones públicas, lo que ha originado a una protesta generalizada del periodismo en la entidad.

La Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, ya hizo pública su preocupación y rechazó a la iniciativa presentada por la diputada por Altamira Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, quien pretende reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado.

El ‘Colegio de Periodistas’, según su planteamiento, tendría facultades para emitir recomendaciones éticas y extrañamientos públicos, lo que conformaría mecanismos de pautas gubernamentales que vulnera la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

Leydi Judas, fue coordinadora de Comunicación Social en el primer mandato del alcalde morenista por Altamira, Armando Martínez Manríquez y en su iniciativa como legisladora local se mencionan desde llamadas de atención, solicitudes de rectificación, disculpas públicas y hasta extrañamientos formales, los que serían difundidos públicamente.

‘La legisladora’ dice que las ‘recomendaciones éticas’ tendrían un carácter orientador y sugerente en una rectificación o aclaración pública, además de una recomendada capacitación profesional y medidas de mejora en prácticas editoriales y, desde luego, una disculpa pública cuando proceda.

Queda claro que la propuesta de la ‘ilustre’ y judas diputada Jaime Castillo es benevolente cuando aclara que las medidas no constituyen sanciones legales ni censura, aunque existiría un extrañamiento público.

Es claro que la libertad de expresión en Tamaulipas vuelve a estar en peligro cuando se pretende sujetar a un órgano que, bajo criterios muy ambiguos, determinen qué es o no ‘ético’, aun cuando existe riesgos de que los mecanismos sean utilizados para castigar voces críticas.

Quienes conocen bien del tema, aseguran su extrañeza cuando la iniciativa de la diputada Cynthia Lizabeth Jaime, jamás convocó a una consulta con ninguna asociación, grupo o club de comunicadores en el estado, ni abierta y plural, ni encubierta o disimulada al gremio periodístico, ignorando completamente a quienes serían los directamente afectados.

El gremio periodístico de Tamaulipas advierte que utilizar este tipo de judas puede profundizar la violencia existente contra hombres o mujeres de la profesión, quienes enfrentamos de manera diferenciada campañas de desprestigio, acoso y deslegitimación.

Finalmente vale decir que pudieran ser inútiles los ríos de tinta que se escriban, desgastantes las voces que reprueban la iniciativa que presentó la judas de la comunicación, porque recordemos que los actuales legisladores locales esperan ser ratificados para ascender o permanecer en la nómina presupuestal de alguno de los tres niveles.

Estamos convencidos que el periodismo no se regula desde el poder. Insistimos en la autonomía ética porque nos lleva a una responsabilidad social, sin mecanismos de control institucional.

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