Ciudad Victoria, Tamaulipas (18 de marzo de 2026).- El conflicto financiero que atraviesa la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas ha derivado en una intervención directa del Gobierno del Estado. La administración estatal se comprometió a liquidar las dos quincenas que se adeudan a 183 trabajadores, distribuidos entre la delegación estatal y sus diez bases operativas, según confirmó Jesús Suárez Silveira, encargado del organismo en la entidad.
Esta medida surge tras la falta de recursos y la ruptura en la comunicación con la sede nacional de la institución, situación que mantiene a la delegación en una parálisis financiera crítica.
Contratación de personal operativo en Protección Civil
Además del pago de sueldos, el gobernador Américo Villarreal Anaya propuso una alternativa laboral para paramédicos y rescatistas. El plan contempla contratos de seis meses para que el personal operativo se incorpore a las filas de Protección Civil estatal y al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
Respecto a este apoyo, Suárez Silveira manifestó la postura de la delegación:
“Estamos bastante agradecidos porque al final de cuentas el humanismo del Gobierno está presente, nos consideraron y entre hoy y mañana, se estará cubriendo”.
Cierre de bases por falta de presupuesto
La carencia de fondos, estimada en un déficit de dos millones de pesos para la operación básica, ha forzado la suspensión de actividades en la mitad de las sedes del estado. Actualmente, las bases de Victoria, Tampico, Aldama, Xicoténcatl y Tula se encuentran cerradas.
El titular de la delegación enfatizó que la problemática no es competencia del gobierno local, sino una omisión de la dirigencia nacional de la Cruz Roja.
“Dejó en claro que la situación por la que atraviesa la Cruz Roja no es una responsabilidad del Gobierno del Estado, sino de la Sede Nacional de la Institución: ‘al final de cuentas ellos (Gobierno de Tamaulipas) sólo nos están apoyando; pero todo esto lo tenemos que ver con Sede nacional’”.
Incertidumbre legal y posibles demandas
Ante el escenario de abandono administrativo, los 183 integrantes de la institución analizan la vía jurídica. Aunque no se ha concretado una acción legal unificada, no se descarta la presentación de demandas colectivas o individuales contra la sede nacional por el incumplimiento de las obligaciones laborales y la falta de presupuesto operativo.
“Al haber incertidumbre hay quienes buscan otra fuente de ingresos, mientras que otros buscarían la vía legal; pero es algo que no puedo tomar por mis compañeros, cada uno lo verá de forma individual”, finalizó.
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