Ciudad de México (13 de marzo de 2026).- Un panel de más de veinte académicos, exautoridades electorales y especialistas, reunidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, manifestó su preocupación ante el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El consenso del foro señala que la iniciativa carece de un análisis profundo y busca, primordialmente, asegurar la permanencia de Morena en el poder mediante la centralización de decisiones.
Los analistas subrayaron que la propuesta no solo genera incertidumbre jurídica, sino que refleja una falta de seriedad técnica en su elaboración, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática del país al no presentar documentos respaldados profesionalmente.
Un paralelismo histórico con el Porfiriato
El jurista Diego Valadés comparó la estrategia actual con las tácticas empleadas a principios del siglo XX para consolidar el poder unipartidista. Según el experto, el proyecto representa un retorno a las dinámicas de 1910 bajo la narrativa de una demanda popular.
“Se está usando la misma estrategia que utilizó en su momento Plutarco Elías Calles para fortalecer al naciente PNR y generar con eso el surgimiento de una hegemonía de partido. Uno de los propósitos del Plan B consiste en el deterioro de los partidos políticos. Hay una ofensiva retórica, sistemática, desde la máxima tribuna, que ya no es el Congreso, sino la mañanera, acosando a los partidos y acusando a los partidos. Sin partidos no hay democracia posible. Está mermando sus capacidades de operación, lo que se hace es limitar la opción real de la democracia”.
Inconstitucionalidad y centralismo
Por su parte, Javier Martín Reyes, investigador del IIJ, apuntó que existen planteamientos en la propuesta que vulneran directamente la Constitución. Destacó el intento de regular la integración de los ayuntamientos desde una ley federal, facultad que corresponde estrictamente a los estados.
Asimismo, se advirtió que el uso de consultas populares para temas electorales choca con el artículo 35 constitucional, el cual prohíbe someter dichas materias a votación ciudadana. Esta tendencia fue calificada por los ponentes como un síntoma de autoritarismo que busca sustituir la representación institucional por la voluntad presidencial.
El falso debate del ahorro económico
Respecto a la narrativa de austeridad, los especialistas criticaron que se confunda la eliminación de “privilegios” con el recorte de recursos operativos esenciales. José Merino, exconsejero electoral, expresó su desacuerdo con la visión que reduce el funcionamiento institucional únicamente al factor monetario:
“Me preocupa mucho, mucho, porque ha dicho la Presidenta dos cosas con absoluta claridad: Uno, hay demasiados privilegios, y ella entiende privilegio como dinero. Desde luego no comparto esa tesis”.
En este sentido, Leonardo Valdés, exconsejero presidente del INE, cuestionó la legitimidad del ahorro proyectado de 4 mil millones de pesos, calificándolo como una cifra insignificante frente al alto costo que pagará la democracia mexicana.
“El ahorro para el futuro es nada. De tal suerte que creo que pues sí teníamos que pedir un poco de seriedad. Pedimos un poco de congruencia sobre estas propuestas. Nos tienen que especificar cuáles son las razones profundas de presunto Plan B”.
Impacto en la estructura del INE
Finalmente, el foro alertó sobre el posible desmantelamiento de la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta de convertir las juntas distritales y locales de órganos permanentes a temporales fue señalada como un golpe crítico a la operatividad electoral.
Luis Eduardo Medina, investigador de la UAM, sugirió que la sociedad debe trascender el debate de las cifras para enfocarse en cómo los recortes presupuestarios son, en realidad, herramientas para la concentración de poder. El evento concluyó con un llamado a mantener la vigilancia civil, mientras la exconsejera María Marván expresó su deseo de que este nuevo plan corra la misma suerte que el proyecto original.
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