Ciudad de México (2 de abril de 2026).- La aprobación de una propuesta para imponer un impuesto del 2 % a las plataformas digitales de reparto en el estado de Aguascalientes generó inquietud entre empresas del sector, repartidores y comercios, ante la posibilidad de que ese tipo de medidas se repliquen en otras entidades y derive en una sobrerregulación del segmento digital.
La propuesta, que busca gravar los servicios de aplicaciones de entrega, sigue la línea de medidas fiscales similares ya aplicadas en la Ciudad de México, y ha sido percibida por distintos actores como un precedente que podría expandir cargas tributarias y normativas sobre plataformas y sus socios repartidores.
Repartidores consultados expresan que este tipo de gravámenes podría traducirse en menores ingresos directos para quienes dependen de ese empleo, mientras que pequeños comercios advierten que un aumento en costos operativos podría trasladarse al precio final de bienes y servicios, afectando la competitividad local.
Empresas del sector digital, por su parte, han señalado que una regulación fiscal y operativa excesiva puede disuadir la inversión tecnológica y limitar la flexibilidad de los modelos de negocio que caracterizan a las plataformas de servicios en línea.
La discusión ocurre en un contexto donde diversos países y legisladores exploran marcos regulatorios más amplios para plataformas digitales, que incluyen desde obligaciones fiscales hasta reglas de transparencia y protección al usuario, aunque con posturas encontradas sobre alcance y efectos.
Hasta ahora, no existe una normativa federal específica que unifique criterios para la regulación de servicios digitales, por lo que los estados pueden proponer formas diversas de intervención, tareas que economistas y representantes del sector tecnológico consideran necesitan evaluaciones más amplias sobre impacto económico y legal antes de su implementación generalizada.
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